El Senado de la Nación convirtió este jueves 19 de noviembre en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que busca garantizar la continuidad de las prestaciones, las pensiones y el financiamiento destinado a las personas con discapacidad en todo el país.

La aprobación se produjo con un contundente respaldo parlamentario: 71 senadores votaron a favor y ninguno en contra. De esta manera, el Congreso completó el tratamiento de una norma que había recibido media sanción de la Cámara de Diputados el pasado 22 de octubre, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones.

Una nueva ley que reemplaza la emergencia

Uno de los principales cambios es que el sistema de discapacidad dejará de depender de una legislación de emergencia y pasará a contar con un régimen de carácter permanente.

La actual Emergencia en Discapacidad tiene como fecha de finalización el próximo 31 de diciembre de 2026. Con la nueva legislación, se busca evitar que los derechos y las prestaciones queden sujetos a renovaciones periódicas.

Qué establece la nueva legislación

Entre sus principales disposiciones se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, la actualización de los aranceles que perciben los prestadores y el fortalecimiento de los recursos destinados al funcionamiento del sistema.

También contempla la posibilidad de compatibilizar las pensiones con determinadas actividades laborales registradas, bajo condiciones específicas de ingresos.

Otro punto importante es la continuidad de la cobertura sanitaria del programa Incluir Salud y la implementación de mecanismos para regularizar las deudas pendientes con los prestadores.

La normativa incorpora, además, auditorías y controles destinados a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos.

Un reclamo de familias, instituciones y prestadores

La aprobación representa un avance legislativo para miles de personas con discapacidad y sus familias, que durante los últimos años manifestaron su preocupación por las dificultades para acceder a tratamientos, terapias, transporte y otros servicios esenciales.

Los prestadores también vienen advirtiendo sobre los problemas económicos que afectan el funcionamiento de instituciones y servicios especializados, especialmente por los atrasos en los pagos y la necesidad de actualizar los valores de las prestaciones.

El desafío será garantizar su cumplimiento

Si bien la sanción de la ley constituye un paso importante, su impacto dependerá de la reglamentación, la asignación efectiva de los recursos y la implementación de las medidas previstas.

La expectativa ahora está puesta en que las disposiciones aprobadas por el Congreso se traduzcan en mejoras concretas para las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que diariamente trabajan para garantizar sus derechos.

La decisión del Senado abre así una nueva etapa para el sistema de discapacidad argentino, con el desafío de asegurar prestaciones sostenibles, financiamiento adecuado y una protección que no dependa de sucesivas declaraciones de emergencia. Página|12 +2