La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves 19 de noviembre que las empresas de medicina prepaga ya no podrán aumentar libremente las cuotas de sus afiliados sin contar con la autorización del Gobierno nacional.
La decisión representa un cambio importante para millones de argentinos que durante los últimos años debieron afrontar fuertes incrementos en sus coberturas médicas y constituye un límite judicial a una de las medidas de desregulación impulsadas por el presidente Javier Milei.
El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante los cuales el Gobierno había eliminado los controles estatales sobre los precios de los planes de salud.
Las prepagas deberán justificar los aumentos
A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos que pretendan aplicar las empresas de medicina privada.
Esto significa que las compañías ya no podrán modificar unilateralmente el valor de sus cuotas, sino que deberán justificar las subas en función de sus costos y otros criterios establecidos por la normativa.
Sin embargo, la Corte aclaró que los aumentos no estarán necesariamente limitados al porcentaje de inflación, ya que el organismo regulador deberá evaluar cada solicitud.
El reclamo de una afiliada que sufrió un aumento del 110%
El fallo tuvo su origen en una demanda presentada por una afiliada de Swiss Medical, quien denunció que su cuota había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
La mujer recurrió a la Justicia al considerar que los incrementos resultaban excesivos y cuestionó la constitucionalidad de los artículos del decreto presidencial que habían permitido liberar los precios.
La Cámara Federal de La Plata había fallado a favor de la afiliada y posteriormente el caso llegó a la Corte Suprema.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron parcialmente aquella resolución y consideraron que el Poder Ejecutivo no había demostrado las circunstancias excepcionales necesarias para eliminar mediante un decreto los controles sobre las cuotas.
Un fallo que podría alcanzar a cientos de reclamos
La resolución también podría tener consecuencias sobre numerosos expedientes judiciales iniciados por afiliados que cuestionaron los incrementos aplicados desde la desregulación.
Actualmente, la Corte Suprema tiene pendientes de resolución alrededor de 500 causas similares, mientras que otros usuarios podrían reclamar la devolución de los importes que consideran cobrados de manera indebida.
No obstante, la decisión no establece una devolución automática del dinero, por lo que cada situación deberá ser analizada judicialmente.
Un límite a la desregulación impulsada por Milei
En sus fundamentos, la Corte sostuvo que los decretos de necesidad y urgencia solamente pueden utilizarse cuando existen circunstancias verdaderamente excepcionales que impiden seguir el procedimiento legislativo habitual.
Los magistrados consideraron que el Gobierno no había justificado suficientemente por qué resultaba indispensable eliminar de manera urgente la intervención estatal sobre las cuotas de las prepagas.
De esta manera, el máximo tribunal declaró por primera vez la inconstitucionalidad de una parte del DNU 70/2023, una de las principales herramientas utilizadas por la administración de Javier Milei para impulsar cambios económicos y regulatorios.
La decisión vuelve a colocar al Estado como autoridad de control sobre los aumentos de la medicina privada y abre una nueva etapa para las empresas y sus afiliados, en un contexto en el que el costo de la atención médica representa una preocupación creciente para numerosas familias argentinas.
