Un violento ataque contra mujeres trans ocurrido en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, generó indignación y fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la diversidad sexual. Un grupo de adolescentes y jóvenes persiguió, insultó y agredió a varias mujeres que trabajan en la zona. Los propios atacantes filmaron lo sucedido y difundieron las imágenes en redes sociales.
El episodio ocurrió durante el fin de semana, en el sector cercano a la avenida de los Ombúes y Andrés Bello. Según los testimonios difundidos, decenas de jóvenes que circulaban en bicicletas participaron de la concentración, aunque todavía se intenta determinar cuántos intervinieron directamente en las agresiones.
Las imágenes muestran cómo varias mujeres fueron perseguidas y atacadas con palos, piedras, ramas y conos de señalización vial. Algunos participantes alentaban los hechos mientras otros registraban las escenas con sus teléfonos celulares.
La violencia no terminó en el lugar. Posteriormente, los videos comenzaron a circular por distintas plataformas digitales acompañados de mensajes discriminatorios y burlas hacia las víctimas.
Sospechas de un ataque organizado
La politóloga y activista trans Gabriela Ivy realizó un seguimiento de las publicaciones y de las cuentas vinculadas con los participantes. A partir de ese trabajo, sostuvo que existen indicios de que las agresiones habrían sido planificadas.
Según explicó, algunos de los involucrados pertenecen a grupos de jóvenes que practican acrobacias en bicicletas y provienen de distintas localidades del conurbano bonaerense, entre ellas Bernal y San Martín.
Ivy también señaló que algunas cuentas que difundieron y celebraron los ataques exhibían identificaciones o mensajes asociados con sectores libertarios. Sin embargo, esa vinculación política y la posible organización previa deberán ser determinadas mediante la investigación correspondiente.
Por otra parte, organizadores de una bicicleteada nocturna realizada durante el fin de semana se desligaron de las agresiones. Aseguraron que un grupo se apartó del recorrido previsto y expresaron sus disculpas a la comunidad trans.
Víctimas lesionadas y reclamos de justicia
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, al menos seis mujeres resultaron lesionadas durante los incidentes.
La Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a trabajar en la presentación de una denuncia penal para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.
Asimismo, trascendió que el Ministerio Público Fiscal porteño inició actuaciones de oficio relacionadas con los hechos.
Las organizaciones de diversidad sexual reclamaron que se analicen las grabaciones difundidas en redes sociales y las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.
También solicitaron que se investigue si corresponde aplicar el agravante por odio a la identidad de género contemplado en la legislación argentina.
Fuerte repudio de organizaciones sociales
Desde la Fundación Igualdad, su presidente, Pedro Paradiso Sottile, condenó públicamente lo sucedido y reclamó una intervención urgente de la Justicia.
La organización sostuvo que las agresiones no pueden considerarse una simple pelea callejera y advirtió sobre la gravedad de que los participantes hayan filmado y difundido los ataques como una forma de entretenimiento.
El episodio ocurrió a pocos días de una nueva Marcha del Orgullo, prevista para el 7 de noviembre, lo que incrementó la preocupación entre las organizaciones que trabajan contra la discriminación.
Una investigación para identificar a los responsables
Uno de los principales interrogantes es cómo se organizó el grupo que participó de los incidentes y quiénes fueron los responsables directos de las agresiones.
Las publicaciones en redes sociales podrían convertirse en elementos importantes para reconstruir lo sucedido e identificar a quienes participaron.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans insisten en la necesidad de garantizar protección a las víctimas y evitar que hechos de estas características vuelvan a repetirse.
El caso volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre la violencia motivada por discriminación, los discursos de odio y la responsabilidad de las autoridades para prevenir y sancionar este tipo de ataques.