La investigación sobre presuntas irregularidades en la AFA podría abarcar una trama financiera más amplia que la compra de una mansión en Pilar. En su fallo sobre la competencia judicial, la Corte Suprema mencionó posibles desvíos millonarios, intermediarios internacionales, sociedades comerciales y una red de presuntos testaferros.

El expediente quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien empezó a recibir las actuaciones digitalizadas que estaban bajo custodia de su colega de Zárate-Campana, Adrián González Charvay. Se espera que el resto de la documentación llegue en los próximos días.

La Corte amplió el alcance de la investigación sobre la AFA

El máximo tribunal consideró que la pesquisa no debe limitarse a establecer quién es el propietario real de la propiedad de Pilar, valuada en 20 millones de dólares y vinculada al entorno del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El inmueble figura relacionado con el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, quienes son investigados como posibles testaferros.

La Corte sostuvo que la causa comprende un escenario más amplio que la adquisición de un inmueble y advirtió sobre la posible existencia de una “red internacional de intermediarios”. Según la hipótesis investigada, entre 2021 y 2025 se habrían canalizado fondos generados por la AFA fuera del circuito bancario argentino mediante un complejo mecanismo financiero.

La investigación “abarca un universo mucho más amplio que la compra de un inmueble”, señaló el tribunal, que también advirtió sobre una posible “maniobra unitaria de lavado de activos”.

Giros de la AFA y negocios internacionales bajo análisis

Entre las líneas de investigación aparecen los negocios internacionales de la AFA, la empresa TourProdEnter —vinculada al empresario y ex diputado del Frente Renovador Javier Faroni— y los ingresos derivados de la explotación comercial de la marca de la Selección argentina en el exterior.

También se analizan empresas vinculadas a Toviggino que, de acuerdo con documentación incorporada a otra causa, habrían recibido transferencias de la AFA por al menos 4.842.635 dólares entre 2022 y 2025. En las actuaciones se mencionan, además, propiedades, 54 vehículos registrados a nombre de Real Central SRL y caballos de salto.

El fallo ubicó en la sede histórica de la AFA, en Viamonte 1366, el centro de decisiones administrativas posiblemente relacionadas con las operaciones. Allí también habría tenido lugar una actividad marginal de dirigentes o allegados que, según la hipótesis, habría implicado el desvío de fondos y su ocultamiento a la institución y a organismos de control, como ARCA y la Inspección General de Justicia.

El expediente quedó en manos del juez Daniel Rafecas

Rafecas había aceptado diez meses antes una denuncia presentada por Elisa Carrió. La causa atravesó sucesivos conflictos de competencia y, según el planteo judicial, un posible “blindaje” político y judicial en torno al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a Toviggino.

El magistrado tiene pendiente un posible ascenso a la Cámara Nacional de Casación Penal. Según fuentes judiciales, permanecería en su juzgado de Comodoro Py “hasta marzo”. Si se concreta el traslado, deberá designarse un juez subrogante para continuar la investigación.

La disputa por el control administrativo de la AFA

En otro expediente, la Corte dejó sin efecto una sentencia que había favorecido el traslado del control administrativo de la AFA a la provincia de Buenos Aires. La controversia se originó cuando la conducción de la entidad impulsó el cambio de domicilio legal a Pilar, aunque sus principales actividades administrativas seguían desarrollándose en la Capital Federal.

La modificación permitió que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del gobierno de Axel Kicillof, reclamara facultades de fiscalización sobre la asociación. El entonces titular de la IGJ, Daniel Vítolo, cuestionó el cambio y pidió documentación contable sobre los negocios internacionales de la entidad.

Vítolo había señalado que los balances hasta 2024 registraban un ingreso de 12 millones de dólares a la AFA por parte de TourProdEnter, que administró contratos comerciales de la Selección en el exterior. La controversia también comprende la explotación internacional de la marca del equipo, que habría generado ingresos por unos 400 millones de dólares. Entre los puntos pendientes está determinar cuánto correspondía a la AFA y cuánto percibieron los demás participantes de esos negocios.