El juicio oral y público contra María Ester Fernández, exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Isabel, comenzó este jueves en los Tribunales de General Pico. Está acusada de fraude en perjuicio de la administración pública por el presunto uso no autorizado de una tarjeta alimentaria del programa provincial Pilquén.

La operación investigada ocurrió el 30 de noviembre de 2024 en el comercio Almacén El Negrito, ubicado sobre la Ruta Nacional 143 al 60, en Santa Isabel. Según la acusación, Fernández habría utilizado la tarjeta de Solange Paula Guajardo para comprar frutas por 27.570 pesos, sin el consentimiento de la titular, quien se habría enterado días después por medio de su hermana.

El juicio a la exfuncionaria de Santa Isabel

El debate está a cargo del juez Carlos Federico Pellegrino. La Fiscalía está integrada por Armando Agüero, Matías Juan y Luciana Grossi, mientras que la defensa de Fernández la ejerce el abogado Eduardo Martínez. También participan las querellas en representación de la beneficiaria y de la Municipalidad de Santa Isabel.

En los alegatos de apertura quedaron expuestas dos posiciones contrapuestas. La acusación sostiene que la exfuncionaria habría aprovechado su cargo para acceder a una tarjeta que no le correspondía y utilizar fondos públicos en beneficio propio. La defensa, en cambio, puso en duda la solidez de la investigación y que los hechos configuren el delito imputado.

La Fiscalía sostiene que hubo uso indebido de fondos públicos

El fiscal Matías Juan afirmó que Fernández habría utilizado las responsabilidades propias de su función en la administración y distribución de las tarjetas alimentarias para acceder al plástico de Guajardo y realizar la compra sin autorización.

El Ministerio Público Fiscal considera que la operación implicó un aprovechamiento indebido de recursos estatales destinados a cubrir las necesidades alimentarias de una beneficiaria. Durante el juicio, buscará probar que la exsecretaria realizó personalmente la compra, usó una tarjeta ajena sin permiso y causó un perjuicio a la administración pública.

Juan anticipó que la acusación presentará documentación, informes y testimonios para respaldar su hipótesis. La Fiscalía buscará un veredicto condenatorio y procurará demostrar la responsabilidad penal de Fernández más allá de toda duda razonable.

La defensa cuestiona las pruebas y pedirá la absolución

El abogado Eduardo Martínez rechazó la acusación y adelantó que solicitará la absolución de su defendida. Cuestionó que la Fiscalía no haya precisado cuál habría sido el ardid o engaño atribuido a Fernández, elemento que considera necesario para configurar el fraude previsto en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal.

La defensa también sostuvo que no hay pruebas suficientes para acreditar que Fernández estuvo en el comercio y realizó la operación. En particular, objetó la declaración de quien habría sido la única persona que presenció el hecho: según planteó Martínez, el testimonio se tomó un año y ocho meses después y no habría confirmado la hipótesis fiscal.

El abogado calificó la investigación preparatoria como deficitaria y carente de objetividad. Afirmó que se habría avanzado sobre una hipótesis previa sin profundizar en elementos favorables a la acusada y remarcó que la Fiscalía debe probar el uso de la tarjeta, la falta de autorización, la existencia de una maniobra engañosa y el perjuicio económico.

"Al final de este debate, esta defensa va a solicitar la absolución de María Esther Fernández, porque no será probada la culpabilidad de mi clienta y no superará la Fiscalía, por el hecho de la investigación misma, el estándar mínimo de duda razonable para obtener un veredicto condenatorio".

El juicio tendrá una última jornada y luego se conocerá la sentencia

La segunda y última jornada del debate se desarrollará este viernes, con el análisis de las pruebas pendientes y los alegatos de clausura. Luego, el juez deberá resolver si Fernández utilizó irregularmente la tarjeta alimentaria y cometió fraude contra la administración pública o si, como sostiene la defensa, no hay elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.