La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado la facultad estatal de regular los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El fallo corresponde a la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA” y, por ahora, resuelve únicamente ese caso.

Sin embargo, los fundamentos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti abrieron interrogantes sobre el alcance de la decisión. Para el máximo tribunal, el Poder Ejecutivo no justificó por qué las modificaciones a la ley 26.682 debían aprobarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, en lugar de debatirse en el Congreso.

Qué cuestionó la Corte Suprema sobre el DNU 70/2023

En una resolución de ocho páginas, los magistrados señalaron que el Gobierno no presentó “una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones en la ley 26.682”. Esa norma establece el marco regulatorio de la medicina prepaga y las facultades de control de la autoridad de aplicación.

Los jueces consideraron insuficiente la referencia oficial a una crisis del sistema de salud y a la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de precios. Según escribieron, esas explicaciones no demostraban que existiera una urgencia incompatible con el trámite legislativo habitual ni que eliminar las facultades de control fuera una medida necesaria para enfrentar la emergencia económica y social.

“Estas consideraciones genéricas no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley”, afirmaron los integrantes de la Corte.

El tribunal sostuvo además que, para recurrir a una herramienta excepcional como un DNU, el Ejecutivo debía explicar por qué el cambio era imprescindible y no simplemente conveniente. Luego, remitió el expediente al tribunal de origen para que resolviera de acuerdo con esos criterios.

Los alcances del fallo y el futuro del megaDNU

La Corte aclaró que su decisión no implica pronunciarse sobre otros aspectos del decreto ni sobre su posible justificación. Indicó que esos puntos podrán analizarse en los casos concretos que lleguen al tribunal. La resolución, por lo tanto, no anula por sí misma el conjunto del DNU 70/2023.

El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, consideró que los argumentos pueden proyectarse sobre otras disposiciones. “Si bien el fallo de la Corte está acotado a un caso y a un tema específico (prepagas), los argumentos son fácilmente extensibles a todo (o casi) el decreto”, expresó. A su juicio, las justificaciones generales del Gobierno podrían ser cuestionadas también en otros capítulos del DNU.

Campos advirtió, no obstante, que no espera que la Corte avance pronto sobre el resto del decreto. Señaló que el fallo podría ser utilizado como antecedente por jueces de primera y segunda instancia que ya tienen planteos de inconstitucionalidad, aunque estimó que el máximo tribunal no iría más allá en el corto plazo.

Las interpretaciones de los constitucionalistas

El constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella sostuvo que el pronunciamiento es consistente con criterios anteriores de la Corte sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia. Según afirmó, cuando no existe una imposibilidad definitiva o una urgencia extraordinaria, el uso de esa herramienta no se justifica. Por ese motivo, interpretó que los argumentos pueden tener consecuencias para otras partes del DNU.

Gargarella también planteó interrogantes sobre la demora del tribunal y sobre la decisión de limitar expresamente el fallo a dos artículos. El análisis de los alcances de la sentencia también fue consultado a los constitucionalistas Gustavo Ferreyra y Andrés Gil Domínguez.

Así, aunque la declaración de inconstitucionalidad se circunscribe a las reglas sobre medicina prepaga, el criterio de la Corte instala una discusión más amplia: si las razones invocadas para dictar el DNU 70/2023 alcanzan para justificar el uso de una vía excepcional que, según el tribunal, debe reservarse para situaciones de necesidad y urgencia debidamente fundamentadas.