La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional. La iniciativa busca someter al funcionario al control parlamentario por el deterioro de las condiciones económicas del país, según los argumentos de la legisladora.
“Ante el evidente fracaso del modelo financiero y las desastrosas consecuencias al pueblo argentino, presenté pedido de juicio político por mal desempeño de funciones”, escribió Pagano en sus redes sociales. En el mismo mensaje, agregó: “Hay que frenar su timba con la del pueblo. PD: devolvé el oro, rufián!”.
Los seis cargos contra el ministro de Economía
El proyecto de resolución se apoya en datos del Boletín Oficial, estadísticas oficiales y resoluciones del Congreso. La presentación plantea seis cargos vinculados con resultados económicos y presuntos incumplimientos de deberes legales y constitucionales durante la gestión de Caputo al frente del Palacio de Hacienda.
Entre los cuestionamientos figura la pérdida de 32.429 empresas empleadoras registradas entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, además de la recesión y el presunto fracaso de la programación macroeconómica. También se incluyen interrogantes sobre el destino del oro de las reservas nacionales y la ausencia del ministro en dos interpelaciones aprobadas por la Cámara de Diputados.
La acusación incorpora, además, el endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción y acuerdos financieros reservados, así como la inmovilización de fondos viales con asignación específica en instrumentos financieros. El documento sostiene que no cuestiona una postura económica o ideológica, sino acciones concretas y posibles incumplimientos de las obligaciones del funcionario.
Qué plantea el proyecto y cómo sigue el juicio político
Los argumentos se agrupan en cuatro ejes: presunto incumplimiento de deberes constitucionales, grave negligencia, falta a la verdad ante la ciudadanía y conductas que, según la presentación, serían incompatibles con la dignidad del cargo.
La Comisión de Juicio Político de Diputados deberá analizar el pedido y emitir un dictamen. Para que la acusación avance, necesita el respaldo de dos tercios de los presentes en la Cámara baja. Si se alcanza esa mayoría, el expediente pasará al Senado, que actuará como tribunal en un juicio público y resolverá si corresponde destituir e inhabilitar al funcionario.
El marco constitucional y los antecedentes del caso Caputo
El proyecto define el juicio político como el mecanismo previsto por la Constitución para que el Congreso exija responsabilidades a un ministro. En la historia argentina, el procedimiento concluyó con la destitución de jueces, incluidos integrantes de la Corte Suprema, pero nunca de un presidente ni de un ministro.
Los autores de la iniciativa sostienen que la falta de antecedentes de ese tipo no impide que el Congreso ejerza sus facultades de control. A lo largo de los años se presentaron pedidos de juicio político contra distintos funcionarios.
Para Caputo, esta presentación constituye el segundo antecedente parlamentario de este tipo. El anterior fue el expediente 1137-D-2018, presentado el 19 de marzo de 2018, cuando se desempeñaba como ministro de Finanzas. El pedido actual se concentra exclusivamente en su gestión al frente del Ministerio de Economía.
