Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que aparte de las inspecciones y tasaciones de bienes vinculados a Lázaro Báez al perito Sergio Felipe Pejkovic, propuesto por la defensa de Cristina Kirchner. La solicitud se apoya en presuntos vínculos comerciales y operativos entre el tasador y el empresario, que habrían surgido durante una investigación por lavado de activos y explotación de bienes embargados.

La presentación se realizó ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, responsables de ejecutar la condena en la causa Vialidad. En ese proceso, Cristina Kirchner y Báez deben responder solidariamente por un decomiso de 685.000 millones de pesos.

El pedido de los fiscales sobre el perito tasador

Entre los cuatro planteos incluidos en el escrito, Luciani y Mola solicitaron que Pejkovic sea intimado a declarar bajo juramento sus vínculos pasados y actuales con Báez y su entorno. También pidieron que, hasta que se aclare la situación, no participe de las inspecciones presenciales ni de la tasación de los bienes relacionados con el empresario.

Además, requirieron que se informe a los peritos oficiales de la Corte sobre las presuntas irregularidades y que estos indiquen si Pejkovic ya participó de recorridas o recibió documentación. El profesional había sido propuesto por la defensa de Cristina Kirchner el 15 de mayo de 2026.

Los vínculos de Pejkovic con Lázaro Báez

Según el escrito, un cruce de información con la Unidad Fiscal de Río Gallegos indicó que Pejkovic tendría lazos directos y actuales con Báez. Los fiscales señalaron que el 29 de septiembre de 2026 el operador del empresario, Cristian Ibáñez, se comunicó telefónicamente con el tasador para consultar quién administraba y cobraba los alquileres de departamentos de Báez en un edificio de la calle Zapiola 55, en Río Gallegos.

De acuerdo con la presentación, en esa conversación Pejkovic identificó cuál era la unidad perteneciente a Báez y dijo que Gendarmería se había presentado “con todos los papeles que eran de Lázaro” y que ellos habían presentado “todos los papeles”. El encargado del edificio declaró, además, que la administración había estado a cargo de la inmobiliaria Patagonia, de la que Pejkovic es titular.

Los fiscales también mencionaron una operación comercial anterior: documentación catastral indicaría que el 27 de marzo de 2007 Pejkovic vendió a Austral Construcciones un inmueble de 89.525,24 metros cuadrados en Río Gallegos.

La Fiscalía advierte sobre un posible conflicto de intereses

Para los acusadores, la “superposición de roles” puede comprometer la transparencia del proceso. Sostuvieron que Pejkovic interviene a propuesta de una condenada que debe responder solidariamente por el decomiso junto con Báez, mientras que el perito tendría vínculos con el empresario cuyos bienes debe tasar.

“La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar”.

Luciani y Mola señalaron que esos vínculos “denotan un posible conflicto de intereses que podría llegar a comprometer la objetividad que cabe exigirle cualquier experto que intervenga en un estudio de esta naturaleza, aun como perito de parte”.

La Fiscalía planteó dos riesgos para la ejecución de la sentencia. Por un lado, advirtió que cualquier desvío en la valuación de los bienes de Báez podría incidir en el monto que se considere cubierto. Por otro, sostuvo que las recorridas presenciales podrían permitir obtener información sobre medidas en curso o incluso frustrarlas, ya que los inmuebles y sus ingresos son objeto de investigación.

Allanamientos y demoras en las tasaciones

El vínculo quedó bajo análisis tras una serie de allanamientos ordenados por la fiscalía federal de Río Gallegos en una investigación por presunto lavado de activos y explotación ilegal de bienes decomisados, que Báez habría dirigido desde el penal de Ezeiza.

Durante el registro de las oficinas de la inmobiliaria de Pejkovic, cuya casilla de correo coincide con la informada ante el Tribunal Oral Federal 2, los investigadores secuestraron una carpeta rotulada “Lázaro Báez y Cristian Ibáñez”.

En la misma presentación, los fiscales también cuestionaron la demora en la valuación de los inmuebles sujetos a decomiso. Indicaron que el tribunal había dispuesto el 18 de noviembre de 2025 requerir la intervención del cuerpo de peritos.