Cuatro relatorías y grupos de trabajo de las Naciones Unidas enviaron una carta al presidente Javier Milei para advertir sobre el impacto de los recortes en programas de asistencia alimentaria y de otras medidas adoptadas desde diciembre de 2023. El organismo manifestó preocupación por el acceso a los alimentos de las personas en situación de pobreza.

La comunicación llegó a la Argentina hace dos meses y se conoció una vez vencido el plazo previsto para que el Estado requerido presentara su descargo. Según la información difundida, el Gobierno no respondió.

La ONU alertó por el derecho a la alimentación en Argentina

La carta, fechada el 9 de septiembre, sostiene:

“La información recibida suscita serias preocupaciones respecto de la realización del derecho a una alimentación y nutrición adecuadas en Argentina, en particular para las mujeres, los niños y las niñas, los hogares de bajos ingresos, las personas campesinas y agricultoras familiares y las comunidades rurales”

El documento lleva la firma de la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Sofía Monsalve Suárez; el relator especial sobre vivienda adecuada, Koldo Casla; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, Shalmali Guttal; y la relatora especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, Elena Carolina Díaz Galán.

Los programas y las medidas bajo observación

En sus 13 páginas, la carta repasa decisiones que podrían afectar el acceso a los alimentos de los sectores vulnerables. Entre ellas, menciona los recortes al programa Alimentar Comunidad, destinado a comedores populares, y cambios en una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que financia proyectos alimentarios para grupos de bajos ingresos.

También señala el DNU 70/23, que eliminó la ley de abastecimiento, la ley de góndolas y el Observatorio de Precios. La información que dio lugar a la intervención de la ONU fue presentada en mayo por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones.

“Nos preocupa especialmente que la reportada interrupción o reducción de la asistencia alimentaria, incluidos los programas de apoyo a los comedores comunitarios y a las familias, así como a las huertas familiares, comunitarias y escolares, pueda afectar de manera desproporcionada a los hogares que dependen de dichos programas como fuente importante de alimentos”, advierte la carta.

El ajuste en comedores y las preguntas sin respuesta

El proyecto de Presupuesto 2027, próximo a tratarse en Diputados, contempla una reducción de casi el 10 por ciento en términos reales para el programa que abastece a comedores comunitarios. De acuerdo con los datos consignados, el recorte acumulado desde 2023 alcanzaría el 47,6 por ciento.

La reducción de fondos se suma a la eliminación del programa Volver al Trabajo, que incluía entre sus titulares a mujeres que cocinan y atienden diariamente a personas que concurren a comedores comunitarios.

La comunicación de la ONU concluye con diez preguntas dirigidas al Gobierno. La última solicita información sobre el diálogo con la sociedad civil afectada por las políticas, leyes, regulaciones y programas vinculados con el derecho a la alimentación y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

“Sírvase proporcionar cualquier información sobre la manera en que el gobierno de Su Excelencia entabla un diálogo constructivo con la sociedad civil afectada por las políticas, la legislación y las regulaciones, así como por los programas adoptados, en particular en lo que respecta al derecho a la alimentación y a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y sobre cómo este mandato podría apoyar dicho diálogo y el seguimiento de la situación del derecho a la alimentación en Argentina”.