El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avaló la aplicación del artículo 55 de la reforma laboral a juicios que ya estaban en curso cuando entró en vigencia la nueva normativa. La disposición establece un régimen especial para actualizar los créditos laborales y puede incidir en el cálculo de los intereses.
El pronunciamiento surgió de una demanda de María Laura Souto, exempleada del Banco Hipotecario, y fijó un criterio sobre cómo actualizar el capital adeudado en litigios laborales pendientes de resolución definitiva.
El reclamo laboral contra el Banco Hipotecario
Souto sostuvo que había comenzado a trabajar para la entidad el 28 de marzo de 2005, a través de una empresa contratista. Según su planteo, la relación laboral fue formalizada recién el 20 de noviembre de 2006.
Tras reclamar durante varios años el reconocimiento de su antigüedad, en marzo de 2017 se dio por despedida. La Justicia laboral resolvió que el Banco Hipotecario debía pagarle la indemnización correspondiente y distintos conceptos salariales reclamados. La disputa continuó por el mecanismo para actualizar ese crédito.
Qué establece el artículo 55 de la reforma laboral
Mientras el expediente seguía su curso, entró en vigencia la Ley de Modernización Laboral, cuyo artículo 55 incorporó un esquema transitorio para actualizar los créditos de los juicios en trámite. El mecanismo toma como referencia las tasas pasivas fijadas por el Banco Central, con límites máximos y mínimos.
El monto no puede superar el resultado de actualizar el capital histórico según el Índice de Precios al Consumidor más un 3 por ciento anual. Como piso, la norma establece el 67 por ciento de ese mismo cálculo.
La votación dividida en el máximo tribunal porteño
La mayoría del TSJ respaldó la vigencia de la norma. Votaron a favor Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg. En disidencia, Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz consideraron que el artículo debía ser declarado inconstitucional.
El fallo sienta un precedente para los juicios laborales que estaban pendientes de sentencia definitiva cuando comenzó a regir la reforma, en particular respecto de la actualización de los créditos reclamados.
