La Corte Suprema de Justicia ordenó que el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, deje la investigación por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente deberá quedar en manos del juez federal porteño Daniel Rafecas, en un giro que pone fin, por ahora, a la disputa sobre qué tribunal debía intervenir.
La causa busca establecer quién aportó el dinero para adquirir una propiedad valuada en 17 millones de dólares y si se utilizaron fondos de origen ilícito. La decisión de la Corte representa un revés para la estrategia que había mantenido el expediente en el juzgado de Campana durante varios meses.
La investigación por la mansión de Pilar y el origen de los fondos
Durante ese período, la pesquisa tuvo pocos avances sustanciales y quedó a la espera de una pericia judicial que todavía no se había realizado. González Charvay también rechazó que Elisa Carrió fuera aceptada como querellante. La disputa excedía una cuestión administrativa: definía qué magistrado conduciría una investigación que podría alcanzar a referentes del fútbol, además de empresarios, funcionarios y otros visitantes de la propiedad.
La mansión cuenta con canchas de fútbol y pádel, caballos y un mini casino. Está inscripta a nombre de Luciano Pantano, monotributista, y de su madre, Ana Lucía Conte, jubilada. La Justicia investiga si ambos actuaron como prestanombres y si el inmueble fue adquirido con dinero ilícito.
Cómo llegó la causa del juzgado de Rafecas a Campana
El expediente había comenzado en el juzgado de Rafecas, pero una serie de planteos de las defensas y decisiones judiciales modificó su recorrido. Entre los argumentos para trasladarlo a Campana se mencionaron la ubicación de la propiedad en Pilar y la existencia de otras investigaciones relacionadas con la AFA. El cambio de jurisdicción se apoyó, entre otros elementos, en un correo electrónico enviado por Pantano.
Las defensas de los presuntos testaferros también cuestionaron la intervención del juez porteño Marcelo Aguinsky y pidieron que la causa pasara a otro tribunal. En la Cámara Federal de Casación Penal, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña avalaron que la investigación continuara en Campana. Barroetaveña, quien había presidido la comisión de Ética de la AFA, rechazó excusarse ante un pedido de Carrió; Borinsky, por su parte, modificó su criterio. También intervinieron jueces de la Cámara Federal de San Martín.
El planteo de los fiscales y la decisión de la Corte Suprema
Los fiscales objetaron el traslado. El fiscal general Mario Villar presentó un recurso extraordinario y, tras su rechazo, acudió a la Corte Suprema. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, respaldó el planteo y cuestionó los argumentos usados para sostener la competencia de Campana.
Casal denunció una "prístina y grosera" violación de las reglas de competencia y sostuvo que la ubicación del inmueble no bastaba para justificar el traslado de una causa por lavado de dinero. Según su dictamen, tampoco se habían acreditado domicilios, sedes societarias ni actos jurídicos relevantes en esa jurisdicción que justificaran concentrar allí una investigación de esta magnitud.
Otros expedientes vinculados con la AFA y la disputa judicial
La intervención de González Charvay no se limitó al expediente por la mansión. El magistrado había reclamado otras causas relacionadas con la AFA, entre ellas investigaciones por presuntas maniobras financieras y administración fraudulenta. Además, sobreseyó al entorno familiar y societario de Toviggino en una causa por lavado de dinero iniciada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón.
Ese intento de reunir expedientes generó preocupación entre fiscales, que advirtieron sobre el riesgo de apartar investigaciones de los tribunales que debían intervenir según las reglas legales. A la vez, las disputas por la cobertura de cargos judiciales en Campana alimentaron sospechas sobre posibles influencias políticas y judiciales en causas vinculadas con la AFA. Esos hechos integran el contexto de la controversia, pero no permiten afirmar, sin otras pruebas, que haya existido un acuerdo ilícito para favorecer a Claudio Tapia o a Toviggino.
Qué deberá determinar la investigación sobre la propiedad
La sucesión de recursos, cambios de competencia y conflictos entre tribunales demoró durante meses la pesquisa sobre la mansión. Entre las preguntas pendientes están quién financió la compra, cuál fue el recorrido del dinero y si la propiedad forma parte de una maniobra de lavado.
Con el paso del expediente a Rafecas, la Corte puso un límite a la estrategia que había permitido mantener la causa en el juzgado de González Charvay. La disputa también volvió a poner en primer plano el llamado "Forum Shopping", una práctica que consiste en buscar que una causa quede a cargo de un juez considerado favorable.
