El proyecto de Reforma Electoral obtuvo dictamen y será debatido en el Senado. La iniciativa propone suspender las PASO durante 2027, establecer nuevas condiciones para oficializar candidaturas e incorporar un régimen de Ficha Limpia, además de modificar las reglas de campaña y debate presidencial.
El acuerdo para avanzar con el dictamen se cerró luego de dos jornadas de negociaciones. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, firmó el texto por instrucción del gobernador Martín Llaryora. El respaldo llegó después de diferencias con el Gobierno por el reparto de lugares en el Consejo de la Magistratura.
También firmaron los seis senadores libertarios Agustín Coto, Patricia Bullrich, Ivana Arrascaeta, Luis Juez, Belén Montes de Oca y Nadia Márquez; los radicales Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Flavio Fama; y los representantes de Provincias Unidas Carlos Espínola y Vigo. Fama, Espínola y Vigo dejaron asentada una disidencia. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que el oficialismo reuniría 40 votos, tres más que los 37 necesarios para aprobar el proyecto.
El proyecto suspende las PASO durante 2027
El artículo 17 establece la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias durante 2027, junto con las obligaciones legales vinculadas a su organización. El artículo 20 dispone que, ese año, cada partido designe a sus candidatos según su carta orgánica y que las alianzas lo hagan de acuerdo con su reglamento electoral.
La iniciativa no elimina las PASO: la suspensión regiría únicamente para el proceso electoral de 2027 y caducaría al finalizar, según el artículo 23. En ese período, la selección de candidaturas quedaría en manos de las reglas internas de los partidos y las alianzas.
El artículo 21 establece que cada agrupación podrá presentar una sola lista por categoría y prohíbe que convivan listas de una alianza con las de los partidos que la integran, incluso cuando sean idénticas. De ese modo, el texto descarta las listas colectoras. También mantiene la alternancia de mujeres y varones desde el primer puesto titular hasta el último suplente.
Ficha Limpia: quiénes quedarían inhabilitados
El proyecto incorpora un nuevo inciso a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para impedir que sean candidatos quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia o en revisión antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección. La disposición no diferencia por tipo o gravedad del delito y puede aplicarse aunque la instancia de revisión confirme solo uno de los delitos incluidos en la sentencia de primera instancia.
Si la confirmación de la condena se produce después del 1 de enero del año electoral, la inhabilitación se activaría al concluir el proceso. El artículo 4 crea un Registro Público de Ficha Limpia, a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Los tribunales deberían comunicar las sentencias en un plazo de 24 horas y los jueces federales con competencia electoral tendrían que verificar de oficio si los postulantes aparecen en el registro.
El juez podría rechazar la oficialización de una candidatura. Además, cada candidato, titular o suplente, debería presentar un certificado de antecedentes penales y una declaración jurada, y asumir la responsabilidad por ese trámite. La iniciativa extiende la inhabilitación a designaciones en el Gabinete, secretarías, organismos descentralizados, el servicio exterior y empresas con participación estatal.
De acuerdo con el texto, los recursos ordinarios o extraordinarios no suspenderían la inhabilitación. Por eso, una condena confirmada en segunda instancia podría impedir una candidatura aunque todavía estuviera pendiente una revisión judicial.
Menos espacios de campaña y debate en el balotaje
El artículo 7 reduce al 2,5 por ciento del tiempo total de programación el espacio que los servicios de comunicación audiovisual deben ceder para fines electorales. El proyecto señala que ese porcentaje representa una reducción del 50 por ciento respecto de la normativa vigente.
La iniciativa redefine el debate presidencial como una instancia de la segunda vuelta. La Cámara Nacional Electoral organizaría los encuentros dentro de los diez días previos al balotaje y convocaría a los candidatos durante los cinco días hábiles posteriores al escrutinio definitivo. Si no hubiera acuerdo sobre el reglamento, los moderadores o los temas, la Cámara tendría la atribución de resolverlos.
El artículo 16 deroga las disposiciones que regulan otros aspectos de los debates presidenciales. El proyecto no establece la obligatoriedad de debatir antes de la primera vuelta. A su vez, el artículo 8 modifica las reglas sobre publicidad electoral en radio y televisión y contempla su difusión fuera del plazo previsto en la normativa vigente, con criterios equivalentes para medios gráficos, vía pública, internet y telefonía.
Afiliación partidaria y financiamiento
En materia de afiliación, el artículo 1 reemplaza el artículo 23 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. El proyecto también incluye cambios vinculados con el financiamiento partidario, aunque el contenido disponible no detalla esas disposiciones.
