Dirigentes de la oposición advirtieron que el proyecto de ley de Defensa Nacional de la Soberanía, conocido como Ley Malvinas, podría complicar la estrategia argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el litigio por las actividades hidrocarburíferas en las islas. Calificaron la iniciativa como “riesgosa” y “contraproducente”.
El Gobierno de Javier Milei solicitó medidas provisionales para que se ordene al Reino Unido frenar las actividades petroleras en el área. La decisión del tribunal se conocerá el sábado 28 de noviembre, según la información presentada sobre el caso.
El pedido apunta, en principio, a detener los planes de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper, del Reino Unido. Ambas anunciaron que prevén extraer miles de barriles diarios del yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros en el mar de las Malvinas y administrado unilateralmente por Londres.
Las advertencias opositoras sobre la Ley Malvinas
Fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad sostuvieron que el proyecto incorpora la cuestión de las islas en el marco de la seguridad y la defensa. A su juicio, eso podría ser utilizado por el Reino Unido para argumentar que existe una amenaza argentina o una eventual remilitarización del Atlántico Sur.
Las críticas también apuntan a que esos planteos podrían vincularse con publicaciones del canciller Pablo Quirno y del presidente Milei, citadas por la delegación británica durante las audiencias ante el tribunal. El Reino Unido mantiene una base en Mount Pleasant desde la guerra de 1982.
El proyecto, que obtuvo dictamen tras ser modificado en medio de cuestionamientos internos y externos, será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados. Entre las objeciones mencionadas figura el impacto que la normativa podría tener sobre empresas estadounidenses.
Sanciones por explotar recursos sin autorización argentina
La iniciativa establece un aumento de las sanciones para las explotaciones consideradas ilegales y endurece las penas económicas y penales contra empresas y personas que extraigan recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos.
Las medidas previstas incluyen multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años de prisión. Además, el proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades ampliadas para que el Estado pueda tomar medidas urgentes ante amenazas externas graves, entre ellas restricciones cambiarias o el bloqueo de fondos.
Otro capítulo incorpora regulaciones sobre inteligencia, cooperación con servicios extranjeros y protocolos para el control de buques o el derribo de aeronaves militares extranjeras. Esos puntos generaron cuestionamientos y debates en el Congreso, entre otros motivos, por la necesidad de mayorías especiales y las dudas sobre los límites entre defensa y seguridad interior.
El reclamo argentino y la postura del Reino Unido
Argentina y el Reino Unido presentaron sus alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar los días 10 y 11 de noviembre. La discusión se centró tanto en la explotación petrolera como en la competencia del organismo: Buenos Aires planteó que Sea Lion supone una decisión unilateral británica en un territorio cuya soberanía está en disputa, mientras que Londres sostuvo que el tribunal no debe intervenir en una cuestión territorial.
La posición argentina sostiene que existe una disputa de soberanía pendiente, reconocida por Naciones Unidas, y que el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente con la explotación de hidrocarburos mientras siga abierta. El jurista Marcelo Kohen recordó que Malvinas continúa en la lista de territorios no autónomos de la ONU y cuestionó que Londres evitara referirse a la controversia de soberanía durante sus alegatos.
Por su parte, Nicolas Jan Schrijver, integrante de la delegación argentina, señaló la urgencia de actuar: las empresas prevén comenzar las perforaciones en marzo de 2027 y la explotación comercial en 2028. Advirtió que, una vez iniciado el primer pozo, ya no habrá un statu quo que preservar.
Los argumentos británicos ante el Tribunal del Mar
Londres rechazó que el tribunal tenga competencia para intervenir. Argumentó que el reclamo argentino se basa en una controversia de soberanía territorial y no en derechos contemplados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. También afirmó que Argentina no probó la urgencia ni la existencia de derechos plausibles que justifiquen las medidas cautelares.
La delegación británica sostuvo, además, que la solicitud argentina tendría “consecuencias devastadoras” para las islas y que el país busca tomar “control” de los recursos de sus habitantes, a quienes Londres atribuye el derecho de “autodeterminación”. La representante británica Sally Langrish también formuló un argumento sobre el calendario de las perforaciones.
En el plano político local, referentes opositores como Pablo Juliano, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón expresaron críticas al proyecto. En tanto, sectores peronistas observaron que los libertarios asumieron una bandera de Malvinas históricamente asociada a una mirada nacionalista.
