La Libertad Avanza (LLA) prevé debatir este miércoles 18 de noviembre en la Cámara de Diputados el proyecto de soberanía nacional, con el objetivo de obtener la media sanción. Aunque la aprobación en general no estaría en riesgo, algunos artículos podrían quedar sin respaldo por las objeciones de bloques aliados.
La iniciativa tiene como principal impulsor al asesor presidencial Santiago Caputo y surgió en un contexto de renovada atención del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. El temario de la sesión también podría incluir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Objeciones al capítulo sobre campañas electorales
En el oficialismo consideran que cuentan con los votos para aprobar el proyecto en general. Las dudas se concentran en artículos vinculados con los alcances penales del dolo en distintas situaciones, según plantearon legisladores de otros espacios.
Un bloque aliado puso el foco en el capítulo 7, titulado Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones. Allí se incorpora la figura del financiamiento extranjero de campañas políticas y se establecen cambios en el Código Penal para agravar penas. Sobre esa parte del texto, desde el espacio advirtieron: "Así como está, no lo votamos".
Cambios al proyecto de soberanía nacional
A fines de octubre, las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto firmaron dictamen tras una serie de modificaciones introducidas por el oficialismo. Desde el peronismo sostuvieron que algunos cambios habían sido solicitados por Estados Unidos.
Durante esa semana, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, visitó la Argentina y mantuvo reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y Santiago Caputo.
Entre las modificaciones se incorporaron garantías pertinentes al régimen de sanciones para quienes exploten recursos sin autorización extranjera. La disposición alcanza a quienes no conocieran el destino ilícito de los servicios prestados y podría beneficiar a compañías estadounidenses que operan en las Islas Malvinas.
Exclusiones y controles previstos en la iniciativa
El texto también excluyó del concepto de campañas de injerencia extranjera las actividades periodísticas, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública atribuida a expresiones extranjeras, cuando no sean clandestinas, engañosas o ilícitas.
Además, se incorporó al Ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad y se estableció la creación de una comisión bicameral de seguimiento. Estos puntos forman parte de una iniciativa cuyo tratamiento en particular todavía enfrenta reparos en el recinto.