El fiscal general Diego Luciani y el fiscal general adjunto Sergio Mola solicitaron medidas urgentes al Tribunal Oral Federal 2 para resguardar bienes vinculados a Lázaro Báez. La presentación se realizó tras una investigación en Río Gallegos que, según la acusación, detectó que el empresario continuaba administrando propiedades embargadas y percibiendo sus rentas.

Los inmuebles están alcanzados por órdenes de decomiso en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K. Algunas propiedades, además, ya fueron registradas a nombre de la Corte Suprema para su eventual remate. El TOF 2 acusó recibo del planteo y supeditó una respuesta a gestiones y pedidos de información realizados desde junio ante distintas oficinas públicas y judiciales.

El pedido de Luciani para asegurar los bienes decomisados

En el escrito presentado ante el tribunal, Luciani y Mola solicitaron medidas de aseguramiento sobre los inmuebles y sus frutos. “Se impone de manera inmediata, teniendo en cuenta la gran cantidad de bienes inmuebles vinculados a Lázaro Antonio Báez, que ya fueron incluidos en la orden de decomiso emitida por el tribunal, disponer medidas de aseguramiento sobre todos los bienes”, plantearon.

Los fiscales advirtieron que los activos continuaban generando ingresos mediante alquileres y producción agropecuaria, fuera del control judicial y, según sostuvieron, bajo directivas del propio condenado. “Eso lleva a la necesidad de que el Tribunal ordene de manera inmediata medidas de aseguramiento y de resguardo de los frutos que aquí se solicitan”, señalaron.

La investigación en Río Gallegos y las pruebas reunidas

La causa, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La hipótesis fiscal ubica a Báez como principal responsable de una maniobra para mantener bienes bajo explotación comercial y derivar sus beneficios económicos, pese a las restricciones judiciales sobre su patrimonio. También están bajo investigación su pareja, Claudia Insaurralde, y otras personas.

Según la acusación, los involucrados no habrían creado nuevas empresas para introducir fondos ilegales en el mercado, sino que habrían operado sobre un patrimonio preexistente, ya afectado por embargos y órdenes de decomiso. El objetivo habría sido sustraer esos activos de la ejecución patrimonial dispuesta por la Justicia.

Durante la audiencia de formalización, realizada bajo el sistema acusatorio vigente en la jurisdicción, Zárate presentó escuchas telefónicas que, de acuerdo con la fiscalía, muestran a Báez dando instrucciones sobre sus bienes desde el penal de Ezeiza. También se secuestraron veinte documentos en su celda, entre ellos registros de propiedades explotadas y de los ingresos que percibía.

Estancias, alquileres y montos bajo investigación

El cruce de registros identificó activos alcanzados por decomisos en las dos causas, entre ellos las estancias Alquinta y La Entrerriana, además de la firma Austral Agro S.A.. La investigación sostiene que Báez designaba encargados y personal desde la cárcel y supervisaba la actividad productiva de los campos.

En uno de los casos se consignó un pago anual de 80 millones de pesos, sujeto al valor del kilo de cordero entre marzo y abril. Por otros campos, la documentación detallaría ingresos superiores a 14 millones de pesos mensuales.

La pesquisa también incluye un edificio ubicado en Zapiola 55, en Río Gallegos. Las unidades funcionales 1, 3, 6, 10, 16 y 21 ya pertenecen formalmente a la Corte Suprema, de acuerdo con lo expuesto por Luciani. Cristian Ibáñez, señalado como representante de Báez en negocios en el sur, habría intentado averiguar quién cobraba los alquileres de cuatro departamentos cuya administración pasó de una inmobiliaria a una financiera ubicada en Zapiola y Fagnano.

Los decomisos en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K

La presentación de Luciani se realizó ante el tribunal que debe ejecutar la pena en la causa Vialidad, en la que Báez, Cristina Kirchner y otros siete imputados fueron condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La acusación plantea que Báez debe responder a decomisos por 55 millones de dólares en la causa Ruta del Dinero K y por 685.000 millones de pesos en el caso Vialidad. Para los fiscales, la continuidad de la explotación y el cobro de rentas de esos activos justifican medidas inmediatas para impedir que sus beneficios queden fuera del alcance judicial.