El fiscal federal Gerardo Pollicita dictaminó que Manuel Adorni no debe ser investigado por enriquecimiento ilícito y pidió que la causa se tramite como una presunta evasión impositiva. También solicitó que el expediente sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
En su presentación, Pollicita sostuvo que no se pudo acreditar que Adorni hubiera aumentado ilegalmente su patrimonio durante su paso por la función pública. La decisión final quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar si acepta el cambio de calificación y la remisión del expediente.
El planteo de Pollicita sobre el patrimonio de Adorni
Adorni había argumentado que contaba con dinero que no declaró y que mantuvo ahorrado durante años. En su defensa, sostuvo que tenía varios miles de dólares mientras llevaba una vida modesta y que decidió utilizarlos cuando llegó al Gobierno. Además, declaró que había ganado 600.000 dólares en bitcoin y que eligió vivir como si no los tuviera.
El dictamen del fiscal representa un cambio respecto de las dudas que habían expresado fuentes judiciales sobre la consistencia de las cuentas del exjefe de Gabinete y de su esposa. En un requerimiento de información patrimonial, la fiscalía había señalado una serie de inconsistencias que buscaba esclarecer.
El avance y la demora de la investigación
Durante los primeros meses, mientras Adorni todavía era jefe de Gabinete, la investigación tuvo un ritmo acelerado y se conocieron informaciones sobre su patrimonio. Más adelante, el trámite perdió impulso, luego de que el exfuncionario dejara el Gobierno.
Pollicita, que tenía delegada la investigación, insistió en requerir información sobre el patrimonio de Adorni. El juez Lijo, por su parte, extendió los plazos para responder esos pedidos. En ese momento, fuentes judiciales señalaron que el fiscal se oponía a concederle más tiempo al exfuncionario.
La causa Adorni y la definición del juez Lijo
La causa también fue relacionada en ámbitos judiciales con la investigación conocida como causa Libra. En los meses posteriores se produjeron nombramientos de jueces y fiscales y sobreseimientos de funcionarios, hechos que alimentaron cuestionamientos sobre el funcionamiento de las investigaciones.
Ahora, Lijo deberá decidir si avala el criterio de Pollicita, descarta la investigación por enriquecimiento ilícito y deriva el expediente al fuero Penal Económico para que se analice la presunta evasión impositiva.