El Senado de la Nación aprobó un proyecto de resolución para invitar al papa León XIV al Congreso durante su visita a la Argentina. La iniciativa también solicita al Gobierno de Javier Milei y a la Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem, que evalúen convocar a una Asamblea Legislativa para recibirlo.

Firmado por varios jefes de bloque, el texto expresa la "mas cordial bienvenida" al pontífice y lo invita a "visitar el Congreso". También plantea que, si así lo desea, pueda "dirigir un mensaje a sus miembros" durante su estadía en el país o en otra oportunidad.

La invitación al Papa y la participación del Senado

Otro artículo del proyecto propone "encomendar a la Presidencia del Senado, que en caso de ser aceptada la invitación, acuerde con la Presidencia de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo de la Nación, la convocatoria de la Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda".

La resolución también solicita al Poder Ejecutivo, por medio de la Cancillería, que "arbitre los medios para que la participación institucional del Senado" en el encuentro previsto en el Palacio Libertad quede garantizada. En particular, pide que asista una delegación de la Cámara alta encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel. El edificio es el ex Centro Cultural Kirchner.

Media sanción al régimen de incentivos para inversiones

En la misma jornada, el Senado dio media sanción al proyecto del Régimen de Incentivo a las Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por la Unión Cívica Radical. La votación en general tuvo 60 votos afirmativos y dos negativos, correspondientes a los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

La propuesta busca ampliar y complementar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en la reforma laboral. Está destinada a inversiones productivas, a la adquisición o fabricación de bienes muebles nuevos —con excepción de automóviles— y a obras vinculadas con la producción.

El proyecto plantea beneficios diferenciados según el tamaño de cada unidad económica, con inversiones mínimas desde 150.000 dólares para microempresas y por encima de 12 millones de dólares para grandes firmas. Según el texto, el esquema apunta a adaptar los incentivos a la capacidad financiera de los distintos sectores productivos.