La Corte Suprema resolvió que la causa por la mansión de Villa Rosa, en Pilar, vuelva a los tribunales de Comodoro Py y quede a cargo del juez federal Daniel Rafecas. El expediente investiga un presunto lavado de activos que involucra al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes hicieron lugar a un recurso de queja del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Alberto Villar. El representante del Ministerio Público había cuestionado que la investigación quedara en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
La Corte cuestionó el cambio de juzgado en la causa
Villar había recibido una respuesta desfavorable en las instancias anteriores. En octubre, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso con el que buscaba que el expediente por presunto lavado cambiara de juzgado. Tras esa decisión, el fiscal acudió a la Corte, que finalmente falló a su favor.
El máximo tribunal aceptó intervenir para “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite” en torno a la definición del juzgado competente. También sostuvo que “La garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”.
La mansión de Pilar y la investigación por lavado
La causa analiza la compra de una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, que figura a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte. Ambos son señalados como presuntos testaferros de Toviggino, debido a que sus ingresos no se corresponderían con el valor del inmueble, de 105.000 metros cuadrados y tasado en más de 20 millones de dólares.
La Corte remarcó que existen “elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Entre ellos, mencionó que Real Central SRL, la sociedad mediante la cual se habría adquirido la propiedad, tiene sede en territorio porteño y que la escritura de compra se firmó allí. También señaló que la AFA tenía su sede en la ciudad al momento de los hechos.
El expediente excede la compra de la propiedad
Para los jueces, “es claro que se trata de una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas”.
En ese sentido, indicaron que, aunque la mansión fue el punto de partida de la denuncia y de la apertura del expediente, “de ningún modo abarca el objeto de investigación”. La resolución representa un revés para los intereses de la AFA, que busca concentrar en Campana distintas causas que involucran a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
La Corte también criticó el fallo de Casación que había rechazado el planteo de Villar. Cuestionó que “centró su análisis en la competencia en razón de la materia pero pasó por alto los agravios del Ministerio Público Fiscal relativos a la competencia territorial, según los cuales corresponde que intervenga la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
