La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la resolución que elevaba a juicio a los médicos anestesistas Hernán Roberto Boveri y Delfina Lanusse, conocida como Fini, en la causa por el presunto robo de propofol en el Hospital Italiano. El tribunal dispuso que la investigación continúe y que se reúnan pruebas pendientes.

El camarista Nicolás Grappasonno sostuvo que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional numero 47 cerró prematuramente la instrucción, sin contar con elementos fundamentales para definir la acusación.

La investigación por el presunto desvío de propofol

En la causa conocida como Propofest se investiga el presunto desvío de ampollas del anestésico propofol e insumos médicos del Hospital Italiano para consumo personal. El caso salió a la luz tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, quien fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo.

Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología, fue procesado en abril como presunto autor de defraudación por administración fraudulenta. Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad, fue procesada como partícipe secundaria. El proceso judicial comenzó en febrero de este año.

Los peritajes pendientes y el freno al juicio oral

La controversia se inició en julio, cuando el juez Javier Sánchez postergó el cierre del expediente hasta que se realizara el peritaje de los celulares secuestrados a los acusados. La medida había sido solicitada por el fiscal Lucio Herrera, quien consideró que el contenido de los teléfonos era relevante para la causa.

En paralelo, la fiscalía había pedido al hospital un informe detallado sobre las intervenciones quirúrgicas y sedaciones realizadas por Boveri y Lanusse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de febrero de 2026. El requerimiento abarcaba los procedimientos en los que se hubiera registrado el uso de dos o más ampollas de propofol.

Sánchez sostuvo que la evidencia informática podía incorporarse durante el debate oral. Sin embargo, en agosto la fiscal María Luz Castany, quien representó al Ministerio Público Fiscal en la etapa de juicio, advirtió que la investigación seguía incompleta y que no correspondía avanzar con el debate mientras hubiera medidas de prueba fundamentales pendientes.

El peritaje de los celulares