El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó una reestructuración de las tarifas de AySA que cambiará las facturas de millones de usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires. El nuevo esquema comenzará a regir el 1 de febrero de 2027.
La Resolución 45/2026, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza las actuales once categorías geográficas por cinco niveles socioeconómicos. Para definirlos se utilizarán datos del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares.
Cuánto podrían cambiar las facturas de AySA
En su propuesta inicial, AySA estimó que el 59,7 por ciento de los usuarios residenciales, unos 2,03 millones, tendría aumentos promedio del 22,4 por ciento. Según esos cálculos, el 20,3 por ciento, equivalente a 692.550 usuarios, recibiría una reducción, mientras que 680.733 personas, el 20 por ciento, no tendrían cambios. Para el total de usuarios residenciales, la empresa proyectaba una suba promedio del 11 por ciento.
Esas cifras corresponden al planteo original de la compañía, que fue modificado por el ERAS. La resolución no precisa cuántos usuarios quedarán finalmente en cada grupo ni cuáles serán los porcentajes definitivos de aumento.
Los cinco niveles de la nueva zonificación
La clasificación tendrá cinco categorías, cada una con un coeficiente: bajo, 0,75; medio bajo, 1,25; medio, 1,75; medio alto, 2,25; y alto, 2,75. Los barrios cerrados quedarán en el nivel más alto y los barrios populares, en el más bajo.
Además, se extenderá un recargo del 10 por ciento sobre el precio del servicio cloacal a 51.602 usuarios con medidor del denominado Radio Antiguo porteño. El cargo corresponde al mantenimiento de los desagües pluviales.
Tope a los aumentos y cambios en la tarifa social
El ERAS rechazó el esquema de AySA, que proponía subas acumulativas de hasta el 5 por ciento mensual sobre los cargos variables. En su lugar, estableció un tope del 1,5 por ciento mensual para los aumentos de ese componente que se originen en la nueva zonificación. Las reducciones se aplicarán de inmediato desde febrero. El límite no implica un congelamiento general de la factura frente a otras actualizaciones tarifarias.
Los ingresos adicionales de la reforma se destinarán a la tarifa social. El organismo regulador calcula un excedente de 237.676 millones de pesos, a valores de diciembre de 2025, durante el primer ciclo tarifario.
Quienes ya reciben la tarifa social mantendrán el valor de sus facturas hasta que el beneficio venza o deba renovarse. Además, el programa se prorrogará excepcionalmente por un año para las personas que tengan el subsidio vigente al 31 de diciembre de 2026.
El organismo también mantuvo el descuento del 15 por ciento para las dos categorías socioeconómicas más bajas, en lugar de limitarlo a la categoría inferior, como proponía AySA. Para quienes pierdan el beneficio por pasar a un nivel superior, la quita se aplicará gradualmente entre febrero y noviembre de 2027.
