ARCA investiga en Córdoba dos presuntas maniobras de evasión tributaria que involucran a contribuyentes del sector agropecuario y a empresas vinculadas con el negocio inmobiliario. Los expedientes analizan posibles irregularidades con facturas y diferencias entre compras declaradas y documentación comercial.

En la primera investigación, el organismo detectó comprobantes repetidos, puntos de venta inexistentes o sin habilitación y facturas mellizas. El monto de créditos fiscales cuestionados supera los 170 millones de pesos. En el segundo caso, la revisión se centró en compras de materiales para la construcción vinculadas con Ammiraglia SRL.

Facturas duplicadas y créditos fiscales por más de 170 millones

La primera pesquisa se originó en la fiscalización de Brenda Silvana Quiroga Quintero, quien presta servicios agropecuarios en Carnerillo. Al revisar 1.279 compras declaradas entre enero de 2021 y mayo de 2025, ARCA encontró comprobantes duplicados y proveedores cuya actividad no pudo ser comprobada.

Según la hipótesis bajo análisis, la incorporación de esas compras a las declaraciones impositivas habría permitido generar créditos fiscales para reducir el IVA a pagar. El monto observado asciende a 170.874.069,23 pesos, de los cuales aproximadamente 115,4 millones corresponden a la contribuyente que dio origen a las actuaciones.

La revisión también alcanzó a Mariano Yamil Quiroga y Juana Petrona Quintero, vinculados con ella por relaciones familiares y económicas. Durante el análisis de los comprobantes, los investigadores detectaron que facturas atribuidas a distintos proveedores habrían sido generadas desde una misma dirección IP.

Allanamientos en Río Cuarto, Carnerillo y Buenos Aires

Para ARCA, esa coincidencia podría indicar la existencia de una estructura dedicada a preparar y distribuir documentación fiscal irregular para distintos contribuyentes. El organismo presentó los resultados ante la Fiscalía Federal y pidió medidas para identificar a las personas que habrían participado en la operatoria.

El 19 de junio de 2026, la Justicia Federal de Río Cuarto ordenó alrededor de 20 allanamientos en esa ciudad, Carnerillo y la Ciudad de Buenos Aires. Los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Rodolfo Cabanillas y dispuestos por el juez Carlos Arturo Ochoa. Se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La información disponible no permite confirmar que todos los procedimientos hayan estado relacionados exactamente con los contribuyentes examinados en el informe fiscal.

Ammiraglia y las diferencias en compras de materiales

El segundo expediente tiene como eje a Ammiraglia SRL y su relación comercial con Centro de Negocios SRL, firma dedicada a la venta de materiales para la construcción. La documentación analizada por ARCA incluía presupuestos por 118,8 millones de pesos.

Sin embargo, las compras que Ammiraglia SRL declaró ante el fisco con ese proveedor sumaban 31,7 millones de pesos netos gravados. Además, el organismo encontró registros internos de ventas de materiales por unos 21,3 millones de pesos.

La diferencia generó sospechas sobre una posible actividad comercial no declarada. No obstante, los presupuestos no prueban por sí solos que las ventas se hayan concretado. Para determinar si existió una omisión impositiva, aún debe establecerse qué operaciones se realizaron efectivamente y cómo fueron registradas.

Otras sociedades y posibles delitos bajo análisis

La revisión también incluyó a AMMI SAS, el Fideicomiso Buena Vista II y otras estructuras relacionadas con emprendimientos inmobiliarios. ARCA examinó, además, información financiera y patrimonial de Leandro Ariel Ammiraglia y Guillermo José Ammiraglia.

A partir de esos elementos, el organismo planteó hipótesis sobre posibles maniobras de evasión, incrementos patrimoniales sin justificar y ocultamiento de activos. También pidió investigar eventuales vínculos con lavado de activos, asociación ilícita y empleo no registrado.

La causa, impulsada por la fiscal Virginia Carmona y a cargo del juez federal Sergio Pinto, incluyó intervenciones telefónicas y medidas para analizar movimientos financieros y fiscales. También se realizaron procedimientos en escribanías, estudios contables, inmobiliarias y estudios de arquitectura, además de un allanamiento en una sucursal de cajas de seguridad de Justiniano Posse.