El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta nuevos cuestionamientos judiciales por el presunto desvío de recursos del Impuesto a los Combustibles y el desfinanciamiento de obras hídricas, viales y ferroviarias. En sectores del Gobierno apuntan al secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, cuya gestión quedó bajo críticas por el manejo de esas áreas.
Herrmann asumió en abril, tras la salida de Carlos Frugoni, quien dejó el cargo luego de que trascendiera que no había declarado al menos seis propiedades en Miami. Antes, el actual secretario había estado cerca de dos meses al frente de Transporte, donde enfrentó cuestionamientos gremiales por su falta de experiencia en el sector. Es arquitecto y durante más de tres décadas trabajó en su estudio, Herrmann & Arquitectos Asociados.
Denuncias por fondos para obras hídricas y viales
Uno de los principales focos de conflicto es la presunta subejecución de los fondos hídrico y vial, que se financian por ley con recursos del Impuesto a los Combustibles. De acuerdo con datos difundidos por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el tributo recaudó 2 billones de pesos, con una suba interanual cercana al 17 por ciento.
El Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, sostiene que no se habría utilizado más del 85 por ciento de los fondos previstos para obras contra inundaciones y que esos recursos habrían sido redirigidos a Letras del Tesoro. Por ese motivo, presentó una denuncia penal. Además, se informó que Caputo proyecta utilizar más de 113 mil millones de pesos del fondo destinado a obras hídricas en operaciones financieras.
Los cuestionamientos también llegaron desde otros espacios políticos. La diputada Silvina Vaccarezza, alineada con Emilio Monzó, afirmó que el Ministerio de Economía destinó 354 mil millones de pesos para obras hídricas a la "en la timba financiera".
Reclamos judiciales por rutas, trenes y saneamiento
El impuesto también financia el fideicomiso vial SISVIAL, destinado a obras de mantenimiento de rutas. En medio del deterioro de las rutas nacionales, la diputada Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, promovieron acciones judiciales por el presunto desvío de fondos. Las presentaciones plantean posibles delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Otro frente de conflicto está vinculado con los trenes: las frecuencias ferroviarias del Área Metropolitana de Buenos Aires registran una caída del 33 por ciento. El gremio La Fraternidad advirtió sobre los recortes en infraestructura ferroviaria.
En el caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo, el Gobierno bonaerense denunció un recorte presupuestario del 74 por ciento y 350 despidos en Acumar, el organismo encargado del saneamiento. Se estima que la reducción de fondos nacionales afectará la limpieza del cauce principal y de 35 puntos con residuos en el sur del conurbano.
AySA y el impacto de la privatización en las obras
La Defensoría del Pueblo bonaerense también acudió a la Justicia por el plan de privatización de AySA. El organismo advirtió que la medida podría afectar el plan de obras previsto hasta 2028, que requeriría más de 2.400 millones. Además, la Justicia rechazó levantar la cautelar que impide la privatización de la empresa.
En sectores del Gobierno consideran que estos conflictos generan desgaste político e institucional para la gestión libertaria. En ese contexto, también surgen críticas al manejo de las áreas de infraestructura bajo la órbita de Herrmann.
