La intendenta de Santa Isabel, María Cabral, presenció una audiencia del juicio oral contra la exsecretaria de Desarrollo Social, María Ester Fernández, en el que el municipio participa como querellante. Tras la jornada, se refirió al presunto uso indebido de una tarjeta alimentaria y a los problemas que, según señaló, encontró al asumir la conducción local.
Cabral calificó el caso como un hecho «gravísimo» y sostuvo que su gestión busca garantizar la transparencia. «La verdad es que es una causa gravísima. Desde que entramos, frente a esta situación institucional, lo único que queremos es transparencia en todo lo relacionado con la gestión», afirmó.
El juicio por el presunto uso de una tarjeta alimentaria
La jefa comunal también se refirió a la declaración de Dalma Zárate, exempleada de Almacén El Negrito. En el juicio, Zárate dijo que atendió a Fernández cuando utilizó una tarjeta a nombre de Solange Paula Guajardo y que no recordaba si aquella había sido la primera vez que la exfuncionaria se presentó con tarjetas de otras personas.
«Aparentemente había utilizado otras tarjetas de distintos titulares, como contó Dalma. La verdad es que se trata de un delito muy grave», expresó Cabral. Además, puso el foco en la situación de Guajardo: «Se habla de $27.000, pero hay que pensar que Guajardo prácticamente no tenía para comer. Esa cantidad puede ser mucho o poco para algunas personas, pero para alguien que está atravesando esa situación representa una suma muy importante».
Fernández estuvo al frente de Desarrollo Social entre 2024 y 2025 y fue apartada del cargo tras conocerse el caso de las tarjetas alimentarias. Sobre las decisiones tomadas durante la gestión del entonces intendente Guillermo Farana, Cabral mencionó la existencia de conflictos internos y dijo que no podía precisar cómo se resolvió el desplazamiento. Aclaró que no formó parte del equipo del área social, aunque afirmó: «Yo terminé heredando esta causa y muchas otras más». Sobre la actuación municipal en el expediente, aseguró que irán «hasta las últimas consecuencias».
Deudas municipales y cheques por 200 millones de pesos
En materia económica y administrativa, Cabral informó que existe una causa relacionada con cheques emitidos por el municipio por una suma cercana a 200 millones de pesos. También señaló que al comenzar su mandato encontró deudas internas de magnitud.
La intendenta describió además un episodio que afectó el pago de los salarios municipales: la extracción de fondos de una cuenta destinada a cancelar los haberes del personal. «Lo que pasó con el dinero de los sueldos fue terrible. Era la plata que teníamos destinada a pagar los salarios y fue justamente lo que se extrajo de esa cuenta», relató. Según recordó, el Gobierno de La Pampa brindó asistencia financiera para que la comuna pudiera afrontar el pago.
Falta de acceso a correos y documentación oficial
Cabral denunció que las nuevas autoridades tuvieron dificultades para acceder a documentación y comunicaciones institucionales de la gestión anterior, en particular a las casillas de correo oficiales. De acuerdo con su explicación, el banco indicó que había enviado mensajes y advertencias sobre la seguridad de las cuentas hasta diciembre de 2025, pero el municipio no pudo consultarlos.
«Nosotros no teníamos los correos. Cuando entramos, nos negaron el acceso y no contamos con esa información que el banco decía que había enviado, incluso con sugerencias y advertencias hasta diciembre de 2025», señaló. También sostuvo: «Nos cancelaron todo. Fue una locura. Cuando cambiamos las firmas y empezamos a tratar de recuperar información que era fundamental para el municipio, no pudimos conseguirla porque no nos la brindaron».
En relación con el empleo en la localidad del oeste pampeano, la intendenta indicó que la mayoría de los trabajadores contratados como monotributistas conservaron sus puestos y continúan con sus tareas habituales, pese a la incertidumbre inicial. Cabral reconoció que la comuna enfrenta déficits en un contexto nacional complejo, pero ratificó la voluntad de salir adelante.
