Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso por abusar sexualmente de la hija de su pareja, una niña que tenía entre 10 y 11 años cuando ocurrieron los hechos. Aunque el juez consideró probados los ataques, resolvió que no deberá cumplir la pena en una cárcel, como habían pedido la Fiscalía y la querella.
La sentencia fue dictada el 13 de noviembre en Santa Rosa por el juez de Audiencia sustituto Marcos Hernán Sacco. La causa investigó hechos ocurridos entre septiembre u octubre de 2024 y abril de 2025, cuando el acusado convivía con la madre de la víctima y las dos hijas de la mujer.
Abusos durante la convivencia con la familia
El tribunal tuvo por acreditado que el hombre se valió de la convivencia y de la relación de confianza para someter a la niña a reiterados abusos sexuales. Los hechos incluyeron besos en la boca y tocamientos en distintas partes íntimas.
El caso se conoció el 15 de abril de 2025, cuando la niña le contó a su madre que la pareja de esta la había besado en la boca. La mujer enfrentó al hombre, quien negó lo sucedido, y le pidió que se fuera de la vivienda. Al día siguiente, la niña también le reveló que había sufrido tocamientos. Su madre buscó asesoramiento psicológico y presentó la denuncia policial el 17 de abril.
Durante el juicio, realizado los días 27, 28 y 29 de octubre, declararon familiares, profesionales de la psicología y otros testigos. También se incorporó el testimonio de la víctima, obtenido mediante Cámara Gesell.
El juez rechazó el pedido de absolución
El acusado negó los abusos y sostuvo que los contactos físicos se habían producido durante juegos con la niña. La defensa planteó que pudo haber existido una interpretación equivocada de esas situaciones y pidió la absolución.
Sacco rechazó esa explicación. Consideró que el relato de la víctima, junto con los testimonios y las evaluaciones profesionales, permitía acreditar los hechos. El magistrado encuadró la conducta como abuso sexual simple agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente, un delito con una escala penal de tres a diez años de prisión.
Por qué la condena quedó en suspenso
El fiscal Cristian Casais había solicitado tres años de prisión efectiva. Argumentó que la reiteración de los abusos, la edad de la víctima y el aprovechamiento de la convivencia justificaban el encarcelamiento, aunque señaló que el acusado no tenía antecedentes penales.
La querellante Aldana Belén Prost, en representación de la familia, pidió una pena de cinco años de prisión efectiva. También hizo hincapié en la reiteración de los ataques y en la relación de confianza que el hombre había aprovechado.
El juez impuso tres años de prisión de ejecución condicional porque entendió que la acusación no había demostrado por qué el encierro efectivo era necesario para cumplir los objetivos de prevención y resocialización de la pena. Además, valoró que el condenado no tenía antecedentes y tomó en cuenta los informes psicológicos incorporados al expediente.
En particular, señaló que las evaluaciones profesionales no registraban síntomas o secuelas psicológicas vinculadas con los abusos que, a su criterio, permitieran respaldar el pedido de prisión efectiva. También consideró que correspondía una condena condicional al tratarse de una primera pena que no superaba los tres años.
Prohibición de acercamiento y reglas de conducta
La sentencia estableció que el condenado deberá cumplir durante dos años distintas reglas de conducta. Entre ellas, fijar residencia, someterse al control del Ente de Políticas Socializadoras para Personas en Conflicto con la Ley Penal, abstenerse de consumir estupefacientes y realizar un tratamiento por adicciones.
Además, el juez dispuso la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la niña y de su madre, así como de mantener cualquier contacto con ellas, ya sea personalmente, por medio de terceros o a través de medios de comunicación.
El fallo ordenó mantener vigentes las restricciones preventivas hasta la finalización del proceso. Una vez firme la sentencia, también deberá concretarse la inscripción del condenado en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.
