Un grupo de inversores denunció penalmente al intendente de Toay, Ariel Rojas, y a los funcionarios municipales que pudieran resultar responsables por la falta de mantenimiento de las calles públicas de un loteo. Los denunciantes afirman que la comuna se niega a realizar los trabajos porque los propietarios no pagan tasas que, según sostienen, nunca fueron liquidadas ni facturadas.
La presentación solicita que la Justicia investigue un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y determine si las autoridades omitieron obligaciones a su cargo. También reclama acceso al expediente administrativo completo y detalles sobre el uso de maquinaria municipal y los criterios aplicados para mantener otros emprendimientos de la zona. Los inversores pidieron, además, participar en la causa como querellantes.
El reclamo por el mantenimiento de las calles en Toay
El abogado de los denunciantes, Espartaco Massucco Guarrochena, cuestionó que el mantenimiento se condicione al pago de una tasa que, según explicó, nunca fue puesta al cobro.
“Si una boleta no te llega, no la podés pagar. Y aunque hubiera una deuda, la ley le da al Municipio herramientas para cobrarla, incluso por vía judicial. Dejar que una calle pública se pierda como forma de presión no es una de ellas”, sostuvo.
El proyecto inmobiliario comenzó en 2021 y abarca unas 100 hectáreas, con una subdivisión prevista en 30 parcelas. Según el relato de los inversores, el proceso de aprobación municipal incluyó tres modificaciones de los planes por exigencias de la comuna. Luego se abrieron y nivelaron seis kilómetros de calles, con desagües pluviales y de acuerdo con las condiciones establecidas por el Municipio.
La aprobación del loteo y el deterioro de las calles
Massucco Guarrochena señaló que la aprobación final del loteo se produjo el 2 de septiembre de 2025. A partir de esa fecha, según su interpretación, las calles pasaron a tener carácter público y su mantenimiento quedó bajo responsabilidad municipal.
Con el paso de los meses, la vegetación cubrió distintos sectores y dificultó, e incluso impidió, la circulación de vehículos. Los denunciantes también indicaron que el estado de las calles afectó las tareas de mantenimiento de la infraestructura eléctrica. “El ingeniero que supervisa la obra eléctrica nos dijo que la cooperativa no pudo entrar a reparar unos cables caídos”, relató el abogado.
La respuesta municipal por las tasas impagas
Los inversores aseguraron que hicieron más de seis reclamos, en persona y por escrito, para que la Municipalidad interviniera con sus equipos. Según su versión, durante meses recibieron como respuesta que la maquinaria municipal estaba rota. Ante la falta de soluciones, contrataron equipos particulares para recuperar uno de los tramos, aunque sostienen que luego volvió a quedar cubierto por malezas.
En julio enviaron una intimación formal a Rojas, funcionarios municipales y concejales. Ocho días después, la Dirección de Asuntos Jurídicos respondió que el mantenimiento de las calles se financiaba con una tasa municipal que los propietarios no estaban abonando, situación que impedía prestar el servicio.
Los denunciantes cuestionaron esa explicación y sostienen que nunca recibieron liquidaciones porque el Municipio no dio de alta los lotes, no determinó los importes ni emitió las boletas. Para el abogado, existe una contradicción entre reclamar el pago de una obligación tributaria y no haber instrumentado, según la denuncia, los mecanismos para cobrarla.
