El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión que permitió computar cursos y capacitaciones realizados durante la prisión preventiva para reducir los plazos de acceso a las salidas transitorias.

La resolución fue adoptada el 4 de noviembre por la Sala B, en el legajo de Brian Nicolás Muñoz. De esta manera, quedó vigente el criterio de la jueza de primera instancia, confirmado luego por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP).

El estímulo educativo y los cursos durante la prisión preventiva

La controversia se originó a partir de un pedido de la defensa de Muñoz, que solicitó reconocer las actividades educativas realizadas mientras el detenido permanecía en prisión preventiva. Para ello, invocó el régimen de estímulo educativo del artículo 140 de la Ley Nacional 24.660, que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad.

Ese mecanismo permite reducir los plazos para avanzar en las distintas etapas del régimen progresivo de cumplimiento de una condena, incluidos los requisitos temporales para acceder a las salidas transitorias.

Los argumentos del Ministerio Público Fiscal

El fiscal general Máximo Paulucci y la fiscal sustituta Marisol Rodríguez cuestionaron la interpretación. Sostuvieron que los cursos realizados durante la prisión preventiva no podían computarse después para reducir los plazos de una condena que todavía no estaba en etapa de ejecución.

Según los fiscales, el estímulo educativo no es un crédito que pueda acumularse durante la investigación penal y descontarse de una eventual condena. También señalaron que, durante la prisión preventiva, interviene un juez de control y no un juez de ejecución penal, por lo que las capacitaciones no estaban sujetas al seguimiento de un programa penitenciario individualizado.

Los representantes fiscales consideraron que la decisión afectaba el principio de legalidad y modificaba por vía judicial las condiciones establecidas en la legislación nacional. Además, advirtieron que el criterio podía extenderse a otros casos y alterar la interpretación del régimen federal de ejecución penal.

Por qué el STJ rechazó el recurso federal

La Sala B concluyó que no había razones suficientes para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordó que el recurso de casación presentado previamente por los fiscales había sido declarado inadmisible por defectos formales y que esa decisión no reunía las condiciones para ser considerada una sentencia definitiva susceptible de revisión extraordinaria.

El tribunal también analizó los cuestionamientos constitucionales. Señaló que la jueza de primera instancia y el TIP habían basado su interpretación en una lectura integral de la legislación penitenciaria, el Código Penal y el derecho constitucional a la educación.

Para el STJ, la Fiscalía no demostró que el criterio fuera arbitrario o contrario a las normas vigentes. Consideró que sus planteos expresaban una discrepancia con la decisión judicial, pero no acreditaban una cuestión federal suficiente para justificar la intervención de la Corte Suprema.

El tribunal descartó además la existencia de gravedad institucional, al entender que el caso no presentaba las condiciones excepcionales necesarias para aplicar esa doctrina. Finalmente, rechazó el recurso extraordinario federal y dispuso archivar las actuaciones una vez cumplidas las notificaciones correspondientes.