La situación de la concejala María Laura Núñez, docente jubilada de Jacinto Arauz, reabrió el debate sobre el pago de asignaciones familiares y ayuda escolar a ediles que perciben una jubilación. La funcionaria presentó una nota ante el Ejecutivo municipal y el intendente, Santiago Goñi, expuso el tema durante la última sesión ordinaria especial del Concejo Deliberante.

Núñez explicó que, poco después de asumir, recibió un llamado del Instituto de Seguridad Social por una presunta incompatibilidad entre su jubilación y el sueldo de concejala. Según relató, el organismo comparó ambos ingresos y redujo el suplemento de su haber previsional destinado a alcanzar el 82 por ciento móvil.

La reducción de la jubilación y el reclamo de Núñez

La edil sostuvo que durante dos meses y medio, entre diciembre y marzo, cobró la jubilación mínima. Aseguró que la reducción llevó el suplemento del 100 al 66 por ciento y que presentó una queja por el trato recibido durante las gestiones. También contó que en el pueblo circularon versiones sobre una posible renuncia, porque algunas personas creían que debía elegir entre su jubilación y la dieta del Concejo.

Sobre las asignaciones, Núñez indicó que le habían informado que, al desempeñarse en relación de dependencia, el pago debía quedar a cargo del empleador y no del Instituto de Seguridad Social. La concejala afirmó que, tras realizar averiguaciones, no recibió explicaciones claras sobre las normas aplicables y que dejó de percibir el beneficio correspondiente a su hija al asumir la banca.

Asignación familiar y escolaridad: el pedido al municipio

La edil señaló que cobraba la asignación familiar desde agosto de 2021 y que entonces recibió un pago retroactivo de hasta un año. Planteó que el municipio debía abonarla o comunicarle por escrito si no correspondía hacerlo, para que ella pudiera discutir el tema con el organismo previsional. Agregó que la asignación y la escolaridad ayudarían a cubrir las expensas y los servicios del departamento donde vive su hija.

Núñez reconoció que pudo haber faltado experiencia en el tratamiento de un caso que, según consideró, quizá no se había presentado antes en el municipio. También expresó que quería hacer pública la situación para orientar a otras personas jubiladas que evalúen sumarse al Concejo y evitar que crean que deben renunciar a uno de sus ingresos.

El intendente Goñi dijo que analiza el caso

Al cierre de la sesión, el intendente Santiago Goñi afirmó que estaba averiguando sobre el tema y sostuvo: “Gracias a Dios, es un derecho, ojalá que no se pierda”.

El planteo volvió a poner sobre la mesa una discusión similar a la que se había registrado años atrás durante la gestión municipal del fallecido Enrique Orbea, también vinculada con una docente jubilada y el cobro de beneficios.