El presidente de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó, Carlos Arese, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa. El dirigente advirtió que el cambio podría implicar riesgos sanitarios y comerciales, y sostuvo que no hay motivos técnicos que justifiquen reemplazar el esquema de fundaciones.

La nueva modalidad permitirá que los productores elijan un veterinario particular para aplicar las dosis y decidan dónde comprarlas. Quienes no se incorporen continuarán vacunando a través de las fundaciones sanitarias.

Cómo será el nuevo sistema de vacunación contra la aftosa

En el esquema previsto, que comenzará a regir el 1 de enero de 2027, los productores interesados deberán hacer un trámite online ante el Senasa entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de este año. Tendrán que informar quién será el veterinario responsable y dónde adquirirán las vacunas. El profesional, que deberá estar acreditado ante el organismo, también tendrá que aceptar la solicitud.

La nueva modalidad de aplicación comenzaría el 15 de febrero de 2027. Arese aclaró que la vacunación seguirá siendo obligatoria en todo el país y que el cambio no modificará el calendario sanitario, sino la forma de llevar adelante la inmunización.

El veterinario recordó que este año ya se eliminó la segunda campaña, que se realizaba en octubre y noviembre para la hacienda menor. Se mantuvo la primera campaña, junto con la revacunación de los terneros nacidos durante el año.

Arese alertó por riesgos sanitarios y comerciales

Desde su experiencia como veterinario y productor agropecuario, Arese expresó reparos sobre la reforma. Dijo que en reuniones con representantes del organismo oficial preguntó cuáles eran las ventajas concretas del cambio, pero que no recibió explicaciones que lo convencieran.

El dirigente admitió que la vacunación particular podría generar algún ahorro, aunque consideró que sería poco significativo frente a los riesgos de modificar un sistema que, a su entender, funciona. “Me siento empujado a un sistema que ya fracasó”, afirmó, y calificó la decisión como una medida política difícil de justificar desde el punto de vista técnico.

Su principal preocupación es el posible impacto de un retroceso sanitario en la comercialización de carne. Señaló que la Argentina logró posicionarse en los mercados internacionales y advirtió que un nuevo brote de aftosa podría convertirse en un obstáculo para las exportaciones.

Arese recordó que la fiebre aftosa fue utilizada históricamente por países compradores como una barrera paraarancelaria para limitar operaciones y presionar los precios. “El que se quemó con leche, ve una vaca y llora”, expresó al aludir a las consecuencias económicas de crisis sanitarias anteriores.

La historia de las fundaciones sanitarias

Para fundamentar su rechazo al cambio, Arese repasó la trayectoria de la vacunación en el país. Entre 1960 y 1990, explicó, cada productor organizaba la inmunización por sus propios medios o contrataba a quien consideraba conveniente. Durante ese período, la Argentina registró focos permanentes de aftosa.

A partir de la década de 1990 se organizó un sistema de campañas periódicas a través de fundaciones sanitarias, con varias aplicaciones anuales. La mejora epidemiológica permitió reducir progresivamente las dosis y en 1994 se registró el último foco de aquella etapa.

Hacia fines de esa década se resolvió dejar de vacunar. Durante el segundo semestre de 2000 se produjo un nuevo brote, que derivó en restricciones comerciales y una fuerte caída de los precios de la carne.

El titular de la entidad rural sostuvo que esas crisis tuvieron consecuencias profundas para la estructura productiva. Según estimó, el número de productores agropecuarios pasó de unos 600.000 a aproximadamente 280.000 en la actualidad.

Las dificultades para los pequeños productores

Sobre la adhesión al nuevo sistema, Arese señaló que muchos productores de la zona todavía no definieron qué modalidad elegirán. Sin embargo, consideró que inicialmente hay una mayor predisposición a seguir dentro del esquema de las fundaciones.

Estimó que los establecimientos de mayor escala podrían optar por la vacunación privada, mientras que los pequeños productores tendrían más dificultades para completar los trámites y organizar el servicio.

Arese defendió a las fundaciones, entidades privadas administradas por productores que, según explicó, cumplen una función solidaria. Indicó que atienden a quienes atraviesan problemas económicos, tienen pagos atrasados o poseen establecimientos alejados.

También destacó que el sistema cobra el mismo precio por animal a productores grandes y pequeños, sin importar la dimensión de sus explotaciones. En Realicó, precisó, la fundación llega a campos ubicados a unos 30 o 35 kilómetros de la localidad.

Costos y requisitos del plan sanitario

Según Arese, la última vacunación tuvo un costo equivalente a unos 700 gramos de carne de novillo por animal, con la aplicación y el seguimiento incluidos.

Las fundaciones deben cumplir distintos requisitos para formar parte del plan sanitario: asegurar a todo el personal, reservar el 10 por ciento de las dosis para posibles emergencias, contar con un jefe técnico permanente y mantener una estructura administrativa que permita auditar las tareas.

El dirigente reconoció que algunas exigencias podrían flexibilizarse con el nuevo sistema y contribuir a una reducción de costos. No obstante, consideró que los veterinarios particulares también deberán contemplar una rentabilidad por el servicio y, por eso, no espera diferencias económicas importantes.