Con los alegatos de clausura terminó el juicio oral y público contra el subinspector Agustín Leonardo De Los Santos, acusado de dispararle con una escopeta antitumulto a Kevin Nahuel Quiroga. La Fiscalía pidió cuatro años de prisión efectiva y la inhabilitación especial para ejercer funciones policiales. La querella acompañó el planteo, mientras que la defensa solicitó la absolución y la nulidad del proceso por cuestiones técnicas.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 16 de junio de 2025, tras un incidente que comenzó en la Cantina del Pela y continuó en la vía pública. Allí, Quiroga recibió disparos que le provocaron lesiones de consideración.

La Fiscalía sostuvo que no hubo motivos para usar la escopeta

El fiscal adjunto Matías Juan afirmó que se acreditó la autoría de De Los Santos y que no existió una situación que justificara el empleo del arma. "Esta fiscalía encuentra probado con grado de certeza, más allá de todas las dudas razonables, el hecho que ha sido objeto de la acusación", expresó.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Quiroga y su amigo Bruno Aguilera habían sido retirados de la Cantina del Pela y caminaban por la calle cuando el personal policial los identificó. No había una orden para demorarlos. Juan señaló que el oficial Talamarcás, de mayor jerarquía entre los efectivos que intervenían, había indicado que podían seguir su camino porque ya los conocían.

Para el fiscal adjunto, después se produjo "una suerte de intensificación policial respecto de una identificación que ya se había logrado". También rechazó que De Los Santos hubiera recibido una golpiza que justificara su reacción. "Nuestra teoría es que no ha existido golpe alguno. Desconocemos por qué el señor De Los Santos acabó con lesiones en su rostro", señaló, y cuestionó que la defensa no convocara a declarar a la médica que certificó esas lesiones.

El segundo disparo y la lesión en la espalda de Quiroga

Juan consideró que el acusado actuó con intención y sin una causa de justificación. Para sostener la calificación de lesiones graves, mencionó las pericias médicas, las fotografías y la historia clínica del Hospital Gobernador Centeno. Añadió que las heridas y el tiempo de recuperación impidieron que Quiroga retomara durante meses sus tareas laborales, que requerían esfuerzo físico.

El fiscal general Armando Agüero centró su alegato en la legitimidad de la intervención policial y las circunstancias en las que De Los Santos decidió utilizar la escopeta. Sostuvo que la autoría de los disparos no estaba en discusión, pero que debía establecerse si el efectivo tenía un motivo legal para actuar de esa manera.

Agüero cuestionó que Quiroga y Aguilera fueran retirados del local y luego interceptados mientras caminaban por la ciudad. A su entender, los jóvenes no habían cometido un delito y los policías debían limitarse a identificarlos y permitirles continuar. "Lo cierto es que el procedimiento policial era identificarlos y que se vayan. El personal policial debe tener la capacidad, debe tener la prudencia, debe tener la templanza para darse cuenta en qué momentos la identificación de dos borrachos debe discriminarse de la conducta delictiva que termina aquí", afirmó.

El fiscal descartó la legítima defensa y pidió cuatro años de cárcel

El fiscal general también rechazó la versión de la defensa sobre una agresión física contra el policía. Recordó que la escopeta tenía entre 85 y 86 centímetros de largo y consideró que esa dimensión no era compatible con la posibilidad de que el efectivo hubiera recibido un puñetazo en las condiciones descriptas.

El cuestionamiento central de Agüero apuntó al segundo disparo, que impactó en la espalda de Quiroga. Tomó como referencia la distancia aproximada de 20 metros mencionada durante el debate y sostuvo que, para entonces, el joven escapaba y no representaba una amenaza para De Los Santos ni para los demás policías.

"El segundo disparo más bien es desahogo, más bien es de represalia, más bien es de venganza, más bien es de cualquier cosa menos el ejercicio regular de la función policial", expresó Agüero.

Además, indicó que el personal policial cuenta con otros recursos para intervenir ante una situación de resistencia o violencia. "Tiene otras herramientas en el uso de la fuerza directa del personal policial que no son única y exclusivamente el arma de fuego: llámese el uso de la fuerza para la reducción, el uso de las esposas, el uso de la tonfa, el apoyo policial, entre otros", señaló.

La Fiscalía encuadró el hecho como lesiones graves agravadas por el abuso de la función policial y por el empleo de un arma de fuego. "Por la sumatoria de agravantes lo pone como un delito de inevitable encierro. Por eso arranca su mínimo en cuatro años", sostuvo Agüero, antes de pedir cuatro años de prisión efectiva y la inhabilitación especial para ejercer cargos policiales.

La querella acompañó el pedido de condena

El abogado querellante Guido Portis Ricciardi adhirió al planteo de la Fiscalía. En su reconstrucción, Quiroga y Aguilera fueron invitados a retirarse de la Cantina del Pela y luego siguieron caminando. El letrado sostuvo que, una vez en la calle, no representaban una amenaza que justificara el despliegue policial ni el uso de la escopeta.

Portis Ricciardi también destacó las consecuencias del hecho para Quiroga. Recordó que trabajaba en una rotisería y que, después de las lesiones, perdió esa posibilidad laboral, debió recurrir a la ayuda de su familia y realizar trabajos ocasionales. La querella pidió cuatro años de prisión y, como alternativa, una condena de tres años de prisión y seis años de inhabilitación.