El diputado provincial Hernán Pérez Araujo, del FreJuPa, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por pedir a La Pampa, Mendoza y al Estado nacional información sobre el cumplimiento del fallo de 2020 por el río Atuel.
La sentencia fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre ambas provincias. El legislador también apuntó contra Mendoza por la falta de cumplimiento de esa resolución.
La Corte pidió informes sobre el río Atuel
El máximo tribunal reactivó la causa y otorgó un plazo de 20 días para que las jurisdicciones informen si alcanzaron acuerdos parciales en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI). También solicitó detalles de las actividades realizadas desde la sentencia para avanzar con los objetivos establecidos.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, Pérez Araujo calificó el requerimiento como un «rapto de responsabilidad forzada» y cuestionó que la Corte vuelva a pedir explicaciones sobre una resolución que, sostuvo, debe cumplirse.
«¿En serio? La Provincia de La Pampa no solo parece estar sujeta al antojo de Mendoza, a que decida si cumple o no con un fallo judicial; sino que además pareciera también estar sujeta a una aparente falta de voluntad de que dicha sentencia tenga imperatividad jurídica, desde el propio órgano que la emanó», planteó.
El reclamo pampeano por el cumplimiento del fallo
El diputado sostuvo que La Pampa no debería tener que volver a explicar el desarrollo de una causa con décadas de litigio. «No estamos nosotros obligados a comentarle a la CSJN lo que viene ocurriendo con una causa ya harto litigada, aún así responderemos como es debido. Es el fallo que ella misma dictaminó el obligatorio y Mendoza la obligada», afirmó.
Para cuestionar la demora en alcanzar una solución, Pérez Araujo repasó los plazos del conflicto por el río Atuel. «Pasaron 39 años desde que se declaró la interprovincialidad, 14 desde iniciada la demanda y 6 desde que se fijó el caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo, ¿ahora pasan a ver cómo andamos?», señaló.
Qué estableció la sentencia de 2020 sobre el Atuel
Además del caudal mínimo permanente en el límite entre La Pampa y Mendoza, la sentencia estableció que debían determinarse las obras necesarias para alcanzar ese volumen de agua, los plazos de ejecución, la distribución de los costos y un programa de monitoreo ambiental.
El planteo del legislador concluyó con una referencia a la histórica demanda pampeana por la recuperación del río y un rechazo a la posibilidad de extender los plazos para cumplir la resolución judicial. «La Pampa reclama un río hace 80 años, lo que menos merecemos es un período de adaptación a un fallo judicial que obliga a devolverlo», expresó.
La nueva intervención de la Corte busca conocer qué medidas se adoptaron desde 2020 y cuáles son los avances concretos de las negociaciones entre las jurisdicciones.