El financiamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) vuelve a quedar bajo análisis. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que el proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ajuste sobre el organismo y pone en riesgo capacidades vinculadas con la producción agropecuaria, desde la investigación hasta la asistencia técnica en los territorios.

El cambio central está previsto en el artículo 21, que elimina la asignación específica asociada a la recaudación sobre las importaciones. Esa fuente contribuye al financiamiento del INTA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Presupuesto del INTA: una caída real estimada del 50%

En 2026, el INTA dispuso de un presupuesto de 905.711 millones de pesos. De ese total, 513.034 millones provenían de la fuente que el proyecto busca eliminar, equivalente al 57% de sus recursos, según los datos analizados por el CEPA.

Para 2027, la iniciativa prevé una asignación de 546.784 millones de pesos, sin ingresos procedentes de esa alícuota. Al contemplar la inflación, el informe calcula una reducción interanual real del 50%. Frente a 2023, la caída acumulada alcanzaría el 55,9%.

Menos asistencia técnica para productores rurales

El posible impacto sobre los servicios públicos de extensión rural y transferencia tecnológica es uno de los principales puntos de preocupación. El documento registra que ya se dieron de baja 41 Agencias de Extensión Rural, se cerraron 74 oficinas y se dispuso el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus nueve agencias.

El repliegue territorial puede restringir el asesoramiento en manejo de cultivos, control de plagas, riego, sanidad y mejora de los sistemas productivos. La afectación sería mayor para pequeños y medianos productores, que tienen menos posibilidades de contratar servicios privados. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, las explotaciones de menos de 100 hectáreas representan el 70% de las unidades productivas del país.

El CEPA también advierte sobre las consecuencias para Cambio Rural, programa que promueve el trabajo asociativo y la incorporación de tecnología con acompañamiento técnico. Una reducción de esos servicios puede debilitar los grupos de productores y dificultar la adopción de mejoras.

Investigación agropecuaria e innovación bajo presión

Las restricciones presupuestarias también alcanzan las tareas de investigación y desarrollo tecnológico. De acuerdo con el relevamiento del organismo citado por el CEPA, resultaron afectadas el 23% de las actividades de investigación y desarrollo en los territorios y el 42% de las líneas de innovación.

El impacto puede extenderse a diversas cadenas, desde la agricultura y la ganadería hasta las economías regionales. El INTA trabaja en mejoramiento genético, desarrollo de variedades, manejo de recursos naturales y adaptación de tecnologías a las condiciones de cada zona. Entre sus aportes, el informe menciona investigaciones sobre ajo, cebolla, algodón, arroz y yerba mate, además de trabajos con especies forestales y producción ovina.

La continuidad de esas líneas permite mejorar rendimientos, reducir costos, enfrentar enfermedades y adaptar la producción a condiciones ambientales adversas. La interrupción de programas o la pérdida de equipos especializados puede dejar efectos que no se revierten rápidamente, incluso si más adelante se recupera el presupuesto.

A ese escenario se suma la salida de personal calificado. El documento registra la desvinculación de 223 profesionales con estudios de posgrado durante el proceso de retiros de julio de 2026 y señala las dificultades para retener equipos técnicos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo salarial.

Menos recursos para alertas y contingencias agropecuarias

Otra capacidad que podría resentirse es la respuesta ante contingencias climáticas, productivas y sanitarias. El INTA genera información sobre suelos, agua y clima, desarrolla sistemas de alerta temprana y participa en redes de monitoreo que productores y organismos públicos utilizan para planificar y tomar decisiones.

El CEPA advierte que la reducción de recursos puede limitar la respuesta ante sequías, inundaciones y plagas emergentes. Como antecedente, el informe menciona la crisis causada por la chicharrita del maíz durante la campaña 2023/24. En situaciones de ese tipo, la vigilancia, los muestreos y las recomendaciones técnicas son claves para detectar problemas y reducir sus consecuencias económicas.

Una menor disponibilidad presupuestaria puede demorar esas tareas y dificultar la reacción frente a imprevistos. La fuente de financiamiento que se busca eliminar también contribuye a cubrir gastos de funcionamiento, inversiones, becas y actividades de investigación.

Además, el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria permite acumular saldos no ejecutados para atender necesidades extraordinarias, aunque su uso está sujeto a autorizaciones administrativas.

El impacto del ajuste trasciende al organismo

El informe plantea que el desfinanciamiento del INTA no implica únicamente una reducción de su estructura administrativa: también puede afectar servicios y conocimientos que forman parte de la infraestructura productiva del país.

La investigación pública, la extensión rural y la generación de información ayudan a que los avances tecnológicos lleguen a establecimientos de distintas escalas y regiones. Por eso, el recorte presupuestario podría tener consecuencias sobre productores y actividades agropecuarias más allá del propio organismo.