La aplicación de multas de hasta $500.000 por circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Rosa generó cuestionamientos del concejal radical Diego Camargo, quien objetó la política municipal de control vehicular y el monto de las sanciones.

En una publicación en sus redes sociales, Camargo sostuvo que el intendente Luciano di Nápoli impulsa una medida con fines recaudatorios y la vinculó con el escenario político de cara a 2027. “Solo les importa la recaudación”, afirmó.

Las críticas de Camargo a las multas por no tener RTO

El edil también cuestionó el papel de otros organismos y sectores políticos. Señaló que “la Provincia lo deja hacer”, acusó al Poder Judicial de no intervenir y calificó de “cómplices” a los concejales del oficialismo.

Además, objetó que el municipio mantenga la exigencia de la RTO mientras, según planteó, “muchas calles siguen intransitables”. A su entender, los vecinos terminan siendo “rehenes” de una política con propósito recaudatorio.

Camargo cerró su publicación con una posdata dirigida al jefe comunal: “Avísenle al intendente que pague las fotomultas”. La frase aludió a otro de los puntos de conflicto entre el oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante.

Cómo cambió el criterio para sancionar la falta de RTO

La polémica se da luego de que el Juzgado de Faltas modificara, desde el 1 de septiembre de 2026, el mecanismo aplicado a quienes circulaban sin la revisión técnica. Hasta entonces, los conductores podían evitar la multa si regularizaban la situación y presentaban el comprobante de realización de la RTO.

El juez de Faltas municipal, César Ortiz, confirmó que ese mecanismo dejó de aplicarse. Ahora se imponen sanciones que parten de las 300 unidades fijas, equivalentes a unos $500.000. El funcionario explicó que la decisión respondió a que muchos automovilistas realizaban la revisión recién después de ser detectados en infracción.

La obligatoriedad de la revisión técnica en Santa Rosa

La RTO rige en Santa Rosa desde septiembre de 2024, en cumplimiento de la ordenanza 6977/2023. Desde su implementación, la medida generó cuestionamientos políticos y reclamos de vecinos por su obligatoriedad, los costos y el alcance de los controles.

La discusión enfrenta dos posiciones: la Municipalidad sostiene la necesidad de hacer cumplir los controles técnicos vehiculares, mientras que sectores de la oposición cuestionan los costos, la aplicación de las sanciones y el estado de la infraestructura vial de la capital pampeana.