Un hombre fue imputado en Bariloche por presunta defraudación mediante la disposición fraudulenta de bienes fideicomitidos. La causa investiga operaciones sobre un campo de 108 hectáreas aportado para un desarrollo inmobiliario y la falta de pago de una cuota de 480.000 dólares.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el contrato establecía que no podía realizarse ninguna venta total o parcial del predio hasta cancelar el monto acordado con quienes aportaron el terreno. El fiscal Guillermo Lista sostuvo ante el tribunal que el pago no se habría concretado antes de las maniobras investigadas.
La acusación por las operaciones sobre el campo en Bariloche
De acuerdo con la exposición fiscal, el imputado recibió el inmueble para impulsar el emprendimiento inmobiliario. Sin haber abonado la cuota, habría inscripto primero el campo a su nombre y luego lo habría transferido a sociedades que también estaban bajo su administración.
La imputación contempla, además, operaciones de venta y la constitución de hipotecas a favor de terceros. Para el Ministerio Público Fiscal, esos actos habrían perjudicado la posibilidad de los aportantes de recuperar el bien según las condiciones establecidas en el acuerdo original.
Como respaldo de la formulación de cargos, Lista mencionó contratos vinculados al fideicomiso, escrituras públicas, informes de dominio y documentación municipal. También se incorporaron registros societarios, cartas documento, comunicaciones entre las partes y entrevistas, elementos que, según el fiscal, permitirían reconstruir la secuencia de transferencias.
La defensa cuestionó la interpretación del fideicomiso
La defensa rechazó la interpretación de la Fiscalía y la querella sobre las cláusulas relativas al pago de la cuota y las condiciones para operar sobre el inmueble. Durante la audiencia, anunció que impulsará pericias contables y que podría solicitar pericias caligráficas sobre documentos y comprobantes incluidos en el expediente.
El imputado también realizó una breve declaración ante el juez, en la que expresó su desacuerdo con la versión presentada por las partes acusadoras. La querella respaldó la apertura formal de la investigación y el plazo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
El acusado conocía las limitaciones que regían sobre el inmueble y que el contrato exigía el pago completo de la cuota para habilitar las ventas
La frase fue expresada durante la audiencia por el representante de los damnificados, quien sostuvo que el imputado conocía las obligaciones previstas en el contrato.
El juez fijó cuatro meses para la investigación penal
El juez de Garantías Víctor Gangarrossa tuvo por formulados los cargos contra el hombre como presunto autor de defraudación por disposición fraudulenta de bienes fideicomitidos por parte del titular fiduciario. También dispuso que mantenga el domicilio informado al tribunal y que concurra a las audiencias para las que sea citado.
La investigación penal preparatoria tendrá un plazo inicial de cuatro meses. Durante ese período, la Fiscalía, la querella y la defensa podrán solicitar medidas de prueba para esclarecer las operaciones sobre el predio y las obligaciones del fideicomiso.
El expediente buscará determinar el alcance de cada transferencia, venta e hipoteca y establecer si las operaciones respetaron las condiciones pactadas o si, como sostiene la Fiscalía, se realizaron en contradicción con las restricciones previstas.
