El Gobierno removió a Marta Elena Castañón, responsable de dos registros automotores de Lomas de Zamora, tras detectar fondos que debían transferirse a la Administración Nacional y no fueron depositados. La Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, fijó el perjuicio fiscal en más de $117 millones.
La medida alcanza al Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N.º 5 y al Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. La investigación administrativa comenzó en 2025 para determinar responsabilidades por irregularidades en la gestión de ambas oficinas.
La deuda de los registros automotores de Lomas de Zamora
De acuerdo con el expediente, a Castañón se le atribuyó el "incumplimiento de la obligación de depositar íntegra y oportunamente en favor de la Administración Central los remanentes de recaudación correspondientes a las liquidaciones de emolumentos".
Las irregularidades comprendieron distintos períodos entre julio de 2024 y febrero de 2025. En algunos meses, los montos no transferidos superaron los $18 millones.
Los argumentos de la funcionaria y la respuesta oficial
En su descargo, Castañón sostuvo que la falta de depósitos no respondió a una maniobra de apropiación o desvío, sino a una "imposibilidad económica derivada del desfinanciamiento" del registro. También cuestionó que no se respondieran sus pedidos para cancelar la deuda en cuotas y afirmó que otros seccionales atravesaban una situación similar.
Sin embargo, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios informó que, de unos 1.400 registros, solo 14 tenían deudas y 10 ya estaban sumariados. La instrucción rechazó los argumentos y sostuvo que los remanentes "corresponden al Estado Nacional desde su percepción" y deben depositarse dentro de los plazos establecidos.
La resolución también cuestionó la explicación sobre el destino de los fondos. Según el análisis oficial, la deuda acumulada "no ha sido realmente controvertida por parte de la sumariada, sino explicada desde una óptica que pretende ser exculpatoria".
El perjuicio fiscal superó los $117 millones
El expediente afirmó además que "la eventual diferencia negativa entre ingresos y egresos integra el riesgo propio de la gestión del Encargado y no autoriza, en ningún caso, a retener o aplicar a otros fines sumas dinerarias que debían ser giradas" al Estado.
La instrucción sumarial había calculado inicialmente un perjuicio de $73,5 millones. Luego, un informe técnico de la Sindicatura General de la Nación actualizó la cifra y estableció que el daño económico ascendía a $117.246.510,53 al 15 de septiembre de 2026, una suma calificada como de "relevante significación económica".
A partir de ese cálculo, el Ministerio de Justicia instruyó a las áreas competentes para que impulsen las gestiones administrativas y judiciales necesarias para recuperar los fondos.
La causa judicial y las vías de apelación
Los hechos también se investigan en una causa caratulada "NN s/ Defraudación", que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora.
La resolución aclaró que la vía administrativa no está agotada. Por ese motivo, la exencargada podrá presentar recursos de reconsideración o jerárquicos para impugnar la medida.
