La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad del mecanismo de movilidad previsional establecido por la Ley 27.609, vigente durante la presidencia de Alberto Fernández. En la causa “Galletta Carmen c/ ANSES s/ Reajustes Varios”, el tribunal concluyó que el esquema aplicado entre marzo de 2021 y marzo de 2024 provocó una pérdida del 46,83% del poder adquisitivo del haber de la demandante.

Para compensar ese deterioro, los jueces ordenaron recalcular la prestación con un parámetro sustitutivo basado en la fórmula de la Ley 27.426, implementada durante la gestión de Mauricio Macri, y enlazar luego el resultado con las actualizaciones mensuales por inflación.

Cómo se calculará el reajuste jubilatorio

La resolución, firmada por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque, dispuso aplicar el cálculo sustitutivo de manera continua desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. La fórmula contempla un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un 30% de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

A partir de junio de 2024, el haber recalculado deberá empalmarse directamente con el régimen de actualización mensual por costo de vida previsto en el Decreto 274/2024.

La diferencia entre movilidad e inflación

Según los cálculos incluidos en el expediente, la movilidad de la Ley 27.609 acumuló un aumento del 553,55% entre marzo de 2021 y marzo de 2024. En el mismo período, la variación de los precios representó un ajuste del 1.129,07%.

Los magistrados señalaron que en 10 de los 13 trimestres en que rigió la norma, los haberes perdieron terreno frente a la inflación. Al fundamentar la invalidez sobreviniente del artículo 1 de la ley, Fantini Albarenque sostuvo:

“la validez constitucional de una norma no es un atributo estático que queda sellado al momento de su sanción”

El fallo también indicó que “la aceleración inflacionaria desatada a partir de 2022 puso de manifiesto el defecto estructural de prescindir de una variable vinculada a los precios”.

Alcance del fallo y pago de intereses

La Cámara resolvió que los bonos, refuerzos y ayudas extraordinarias otorgados por el Poder Ejecutivo no deben incluirse en la comparación de haberes. Consideró que son subsidios asistenciales dirigidos a los sectores de menores ingresos y que no forman parte de la prestación ordinaria y permanente.

La decisión no implica un reajuste automático ni general para todos los jubilados, aunque habilita la posibilidad de presentar demandas individuales ante la Justicia. Las diferencias que surjan de la liquidación devengarán intereses calculados con la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Además, el tribunal confirmó que la ANSES deberá afrontar las costas del juicio, por resultar vencida. También declaró inconstitucional el tope previsto en el artículo 9, inciso 3, de la Ley 24.463 si, al liquidar la sentencia, se verifica una quita confiscatoria igual o superior al 15%.