Martín Báez, hijo mayor del empresario Lázaro Báez, recibió una condena de tres años de prisión por su participación en el fraude con la obra pública de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La pena fue unificada con otra sentencia firme de seis años y seis meses por lavado de dinero, por lo que deberá cumplir siete años y nueve meses de cárcel.

La decisión fue adoptada por el juez Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2, tras homologar un acuerdo de juicio abreviado presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y las defensas de seis acusados.

La condena a Martín Báez por el fraude en la obra pública

El tribunal consideró a Báez partícipe necesario de la maniobra que permitió direccionar contratos millonarios de obras viales hacia las empresas de su padre. Según la acusación, intervino en el funcionamiento de Austral Construcciones, Kank y Costilla y otras sociedades que ejecutaron trabajos adjudicados en Santa Cruz.

Los fiscales sostuvieron que el esquema empresarial permitió presentar ofertas, celebrar contratos y realizar obras públicas favorecidas por el direccionamiento de licitaciones. En ese contexto, afirmaron que durante los gobiernos kirchneristas “se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” y que “se quebraron y se violentaron todos los principios esenciales” que rigen la contratación de obras públicas.

La investigación determinó que las empresas de Lázaro Báez recibieron un trato privilegiado para acceder a fondos destinados a construir y reparar rutas en Santa Cruz. El mecanismo incluyó adjudicaciones irregulares, falta de controles, pagos cuestionados y beneficios económicos que perjudicaron al Estado nacional.

Decomiso de 684.990 millones de pesos

La sentencia también extendió a Martín Báez y a los otros cinco condenados el decomiso de 684.990 millones de pesos, monto actualizado al 15 de julio de 2025. Basso aclaró que no se trata de un nuevo decomiso que se suma al anterior, sino de extender a los nuevos condenados la obligación vinculada con el mismo perjuicio económico.

El tribunal definirá más adelante cómo se ejecutará la medida y cuál será el orden de responsabilidad de los condenados. Además de la prisión, Martín Báez recibió una multa equivalente a cinco veces el monto de la operación, accesorias legales y el pago de las costas judiciales.

La condena anterior de Báez había sido dictada por el Tribunal Oral Federal 4 en una causa por lavado de activos agravado. En ese expediente se investigaron maniobras para introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito vinculados con el grupo empresario familiar.

Las penas para los otros acusados de la causa Vialidad

El tribunal condenó a Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, a tres años de prisión como partícipe necesario del fraude. Como ya tenía una pena firme de cinco años por lavado de dinero, Basso unificó ambas condenas en cinco años y nueve meses de cárcel. El juez mantuvo su detención domiciliaria, a pedido de la defensa y sin objeciones de la fiscalía, y le impuso una multa equivalente a tres veces el monto de la operación.

Los exfuncionarios de Vialidad Nacional Sergio Passacantando, Jorge Gregorutti y Carlos Alonso recibieron penas de dos años y ocho meses de prisión en suspenso. También fueron inhabilitados de manera especial y perpetua por su responsabilidad como autores de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El empresario Fernando Butti fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso como partícipe necesario. Los cuatro condenados a penas en suspenso deberán fijar residencia y someterse al control de un patronato.

El acuerdo abre un nuevo tramo del caso Vialidad

El acuerdo de juicio abreviado había sido presentado el 29 de abril por Luciani y Mola, con la conformidad de la Unidad de Información Financiera, representada por Mariano Galpern. La participación de Martín Báez había sido investigada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió elevar la causa a juicio el 12 de marzo de 2019.

Pollicita sostuvo que Báez, junto con Mendoza y Butti, realizó aportes necesarios para concretar la maniobra fraudulenta mediante empresas del grupo familiar. La acusación también alcanzó a funcionarios nacionales que, según la investigación, facilitaron el direccionamiento de las licitaciones, la distribución de fondos y la falta de controles sobre las obras.

Para los investigadores, el mecanismo comenzó con la incorporación de Lázaro Báez al negocio de la construcción vial y la llegada de funcionarios santacruceños a puestos estratégicos de Vialidad Nacional. Desde esas posiciones se concentraron recursos presupuestarios en Santa Cruz y se favoreció sistemáticamente a las empresas del empresario cercano a Néstor Kirchner.

La sentencia original del caso Vialidad fue dictada el 6 de diciembre de 2022 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas. En ese proceso, Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En su resolución, Basso recordó que en el primer juicio se reconstruyeron el direccionamiento de contratos, los beneficios obtenidos por las empresas y el perjuicio ocasionado al Estado. También señaló que los seis acusados integraron “un segundo tramo de un único proceso penal”, relacionado con la misma defraudación por la que fueron condenados Cristina Kirchner y Lázaro Báez.