El Banco Central dio de baja la billetera virtual de Sur Finanzas, la empresa propiedad de Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. La decisión representa un nuevo revés para el empresario, que fue procesado en una causa federal.
La resolución, firmada por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curuchet, indicó que la firma no registraba operaciones como proveedor de servicios de pago desde enero de 2026, por un período superior a 180 días.
La baja de Sur Finanzas y las transferencias millonarias
Los proveedores de servicios de pago pueden ofrecer cuentas virtuales, recibir y realizar transferencias y administrar pagos electrónicos. Esa inscripción no habilita a operar como banco, pero era una herramienta clave para la financiera de Adrogué.
El organismo sostuvo que la pérdida de los bancos patrocinantes, la interrupción prolongada de la actividad y la falta de condiciones acreditadas para retomar el servicio reflejaban cambios fundamentales en los requisitos de inscripción.
Uno de los puntos centrales de la resolución es la diferencia entre lo declarado por la empresa y los movimientos detectados por el Banco Central. En julio de 2025, Sur Finanzas registró 2.999.117 transferencias por 393.871 millones de pesos, de acuerdo con los datos verificados en las entidades bancarias con las que operaba.
Las declaraciones de la empresa bajo observación
En septiembre de 2026, la firma presentó fuera de término declaraciones juradas en las que afirmó que no había tenido operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026. Sin embargo, los inspectores detectaron movimientos hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre de 2025 en el Banco Hipotecario.
La contradicción quedó asentada en la resolución que dispuso excluir a Sur Finanzas PSP SA del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. Además, la compañía había dejado de presentar los informes obligatorios desde julio de 2025 y no entregó toda la documentación requerida por los organismos de supervisión.
El Banco Central remarcó que los incumplimientos comenzaron antes de las medidas judiciales que Vallejo y sus empresas mencionaron después para justificar la falta de información. Por eso, el organismo consideró que las restricciones dispuestas por la Justicia no explicaban por sí solas las irregularidades administrativas.
El riesgo para el sistema de pagos
Las presentaciones de la empresa fueron consideradas incompletas y no incluyeron información contable actualizada para reconstruir adecuadamente su actividad. Según la resolución, esas omisiones impidieron avanzar y concluir el análisis de aspectos relevantes sobre el funcionamiento previo de la billetera virtual.
El organismo advirtió que mantener a Sur Finanzas en el registro oficial equivaldría a conservar la autorización de una firma que dejó de realizar la actividad para la que había sido inscripta, no acreditó condiciones para reanudar el servicio y aún debe aclarar puntos importantes de sus operaciones anteriores.
La autoridad monetaria sostuvo que la situación “representa un riesgo para la integridad y confiabilidad del sistema de pagos” y puede comprometer objetivos de seguridad, transparencia y protección de los usuarios.
La causa judicial contra Ariel Vallejo
La decisión del Banco Central se conoce mientras la actividad financiera de Vallejo es investigada por la Justicia federal de Lomas de Zamora. El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó al empresario como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
El magistrado también ordenó un embargo de 40.000 millones de pesos sobre los bienes de Vallejo. La financiera mantenía vínculos comerciales con clubes de fútbol y patrocinaba distintas actividades deportivas.
Vallejo, cercano a Claudio Chiqui Tapia, había sido detenido durante la investigación. Luego, Rodríguez Ponte dispuso que cumpliera prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente, mientras continúa la pesquisa sobre el origen y el destino de los fondos que circularon por sus empresas.
La Justicia sospecha que parte de los movimientos investigados podría estar vinculada con evasión impositiva, operaciones financieras irregulares y otras actividades bajo análisis.
El procesamiento también alcanzó a la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo, por los mismos delitos atribuidos a su hijo, salvo la jefatura de la asociación ilícita. El juez dispuso para ella otro embargo de 40.000 millones de pesos.
Entre las demás personas procesadas figuran María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Carrozza, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Sánchez, Sergio Da Silveira, Juan Ramón Cervín, Rolando Soloaga, Micaela Sánchez, Susana Hoffmann y Nahiara Gamarra.