La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la Argentina es responsable de violar la independencia judicial por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor como integrante de la Corte Suprema. El Senado lo removió mediante un juicio político en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
El tribunal sostuvo que el exjuez fue apartado por el contenido de sus sentencias y ordenó al Estado argentino regularizar el régimen de pensión que le correspondía. Moliné O’Connor murió en 2014, a los 76 años, mientras su demanda ante la Corte Interamericana seguía en trámite.
Los motivos de la condena internacional
La decisión fue adoptada semanas atrás en la sede del tribunal, en Costa Rica, y se notificó oficialmente este jueves. Según la sentencia, varias decisiones tomadas durante el juicio político en el Senado “no estuvieron debidamente fundadas”. Además, los tribunales argentinos que revisaron los planteos de la defensa no respondieron a esos cuestionamientos.
La Corte Interamericana también consideró que la revocación de la pensión vitalicia vulneró los derechos de Moliné O’Connor y que el proceso judicial que inició para reclamar ese beneficio “se demoró sin justificación”.
La destitución de Moliné O’Connor en el Senado
Moliné O’Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos en el marco de la ofensiva del gobierno de Néstor Kirchner contra quienes eran identificados como “los cinco jueces de la mayoría automática” de la Corte Suprema durante la década menemista. Los otros tres integrantes, Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López, renunciaron antes de ser sometidos a juicio político.
Moliné O’Connor fue el primero en enfrentar ese proceso en el Senado. La acusación sostenía que había comprometido indebidamente al Estado en un pago al grupo Meller. Luego de ser suspendido por el cuerpo, fue destituido el 3 de diciembre de 2003 por 45 votos contra 19. Fue la primera remoción de un juez de la Corte por parte del Senado en medio siglo.
Qué medidas deberá cumplir la Argentina
Además de regularizar el régimen de pensión, la sentencia ordena publicar el fallo y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, junto con las costas y los gastos del proceso. También dispone que las autoridades argentinas interpreten el artículo 53 de la Constitución Nacional, que regula el juicio político, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
El fallo fue firmado por Rodrigo Mudrovitsch, presidente del tribunal; Ricardo Pérez Manrique; Nancy Hernández López; Patricia Pérez Goldberg; Alberto Borea y Diego Moreno Rodríguez. La jueza argentina Verónica Gómez no participó en el caso.
La resolución constituye un antecedente relevante y podría limitar futuros intentos de juicio político contra integrantes de la Corte Suprema en el Congreso.