El oficialismo postergó el debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y concentrará sus esfuerzos en destrabar la llamada Ley Malvinas, cuyo séptimo título corre riesgo de quedar afuera del proyecto. La Libertad Avanza (LLA) apunta a tratar esa iniciativa y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central la semana próxima, mientras que la denominada ley de leyes quedaría para el 25 de noviembre.
La agenda se definió este jueves en una reunión encabezada por el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, y el titular de la comisión de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch. Participaron referentes de los bloques aliados, entre ellos Cristian Ritondo, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; y Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, además de representantes de bancadas provinciales.
Diputados: el Presupuesto 2027 quedaría para el 25 de noviembre
En el encuentro, el oficialismo confirmó que habrá sesión el miércoles 18. Aunque días atrás se había planteado la posibilidad de emitir dictamen sobre el Presupuesto el martes 17 para debatirlo al día siguiente, esa alternativa fue descartada. “Con suerte se vota el 25”, afirmó un aliado.
El proyecto presupuestario tuvo un lugar marginal en la reunión. Salvo el PRO, que recibió por WhatsApp respuestas a sus planteos, las demás bancadas aseguran que todavía no obtuvieron contestación a los pedidos presentados hace dos semanas. “Entre hoy y mañana se van a estar resolviendo”, sostuvo un referente de LLA. No asistieron funcionarios del Ministerio de Economía.
Ley Malvinas: objeciones al capítulo sobre elecciones y sanciones
La única funcionaria presente fue Paula Taddei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico, en representación de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. Su participación estuvo vinculada con la Ley Malvinas. Sin embargo, no aceptó el pedido de distintos bloques para eliminar el título séptimo y se llevó el reclamo para trabajar en una contrapropuesta.
La iniciativa requiere mayoría simple para su aprobación en general, pero el título denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones” necesita mayoría absoluta del total de los miembros: 129 votos afirmativos. Ese apartado incluye cambios electorales y penales y es el que varios bloques reclaman retirar.
Uno de sus artículos fija penas de cinco a 12 años de prisión para quienes, con financiamiento o respaldo de actores extranjeros, interfieran en elecciones mediante campañas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje en el país. Tras las críticas por posibles restricciones a la libertad de expresión y persecución política, el texto fue modificado para excluir, entre otras actividades, la diplomacia, el periodismo y la investigación académica. Aun así, el artículo no reúne consenso.
Bloques aliados rechazan cambios electorales y penales
“Que los cambios a las leyes de partidos políticos y financiamiento se haga dentro de la reforma política que se va a debatir en el Senado. No tiene nada que ver ponerlo acá. Y lo mismo con las modificaciones al Código Penal”, plantean referentes opositores y aliados.
Argentina Federal, Provincias Unidas y varios monobloques, entre ellos el de la radical Karina Banfi, anticiparon que no acompañarán el título en su redacción actual. Otro artículo prohíbe a personas extranjeras sin residencia permanente y a personas jurídicas extranjeras realizar actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de campañas o propaganda electoral.
Además, el proyecto modifica el Código Penal y contempla, entre otros cambios, agravar las penas por traición a la patria cuando estén involucrados funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia.