El Gobierno nacional avanzó con un esquema para concesionar rutas nacionales en medio del deterioro de la red vial y de la reducción de los fondos destinados a obras. A través del Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial, incorporó 27 corredores de distintas jurisdicciones a la Red Federal de Concesiones, bajo el régimen de la Ley 17.520.
La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Además, instruye a la Secretaría de Transporte a realizar los estudios correspondientes y convocar licitaciones públicas nacionales e internacionales en un plazo máximo de 12 meses.
Concesiones viales y licitaciones para 27 corredores
El plan contempla transferir al sector privado la construcción, el mantenimiento, la reparación y la explotación mediante peaje de los tramos incluidos en el anexo oficial. La nómina comprende rutas distribuidas en distintas jurisdicciones del país.
La iniciativa se pone en marcha en un contexto de fuerte retracción de la inversión vial nacional. Según datos procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el gasto ejecutado por la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial cayó un 80 por ciento en términos reales entre 2023 y 2026.
Caída de la inversión y deterioro de las rutas nacionales
En valores constantes expresados en divisas, los fondos asignados a Vialidad Nacional bajaron de 2.700 millones de dólares en 2023 a menos de 800 millones en los ejercicios posteriores.
El impacto también se refleja en el estado de las calzadas. Estimaciones del Instituto Argentina Grande indican que solo el 42,4 por ciento de las rutas nacionales está en buen estado. Un 31,8 por ciento se encuentra en malas condiciones y el 25,8 por ciento, en estado regular.
Por su parte, un relevamiento de Focus Market y la cámara de transportistas PAETAC detectó 37 tramos severamente dañados en 4.625 kilómetros. Entre los problemas señalados figuran demoras de hasta cuatro horas y ocho minutos en sectores de la Ruta Nacional 40, en Santa Cruz, y complicaciones críticas en la Ruta Nacional 151, entre La Pampa y Río Negro.
Fondos viales retenidos y reclamos de las provincias
La caída de la inversión se combina con cambios en el destino de los recursos tributarios para infraestructura vial. Aunque el impuesto fijo sobre los combustibles pasó de representar el 8,9 al 20,1 por ciento del precio final en surtidor, se redujeron las partidas asignadas a obras.
Entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron 1,5 billones de pesos al Sistema de Infraestructura del Transporte. De ese total, se destinaron a obras en calzadas 394.406 millones de pesos, equivalentes al 26,2 por ciento. El 73,8 por ciento restante, más de 1,1 billones de pesos, fue retenido por el Ministerio de Economía e invertido en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos, LECAP y BONCAP, para apuntalar el superávit fiscal.
Ante la falta de tareas de conservación de la Nación, algunas provincias asumieron trabajos con recursos propios para sostener la circulación. En Formosa, donde los fondos viales nacionales cayeron un 77 por ciento entre 2023 y 2025, la Dirección Provincial de Vialidad desplegó cuadrillas en rutas nacionales como la 86 para impedir que el avance de la vegetación interrumpiera el tránsito.
Una causa judicial en Entre Ríos y el costo de recuperar la red
En Entre Ríos, la parálisis de los giros derivó en una causa judicial impulsada por los legisladores Marianela Marclay, Adán Bahl y Guillermo Michel. El juzgado federal de Victoria intimó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional a responder en un plazo de tres días hábiles.
La falta de mantenimiento también podría elevar el costo de recuperación de la red. La Cámara Argentina de la Construcción calculó que poner nuevamente en valor las rutas nacionales demandaría alrededor de 23.000 millones de dólares.