Lázaro Báez fue acusado en una nueva causa por presunto lavado de dinero y vínculos con una organización narco en la Patagonia. La investigación, que tramita en Río Gallegos, analiza la circulación de 400 millones de pesos y el manejo de bienes sujetos a medidas judiciales, con órdenes que el empresario habría impartido desde el penal de Ezeiza.
Entre las pruebas mencionadas figuran escuchas, documentos y fotografías, además de dos cuadernos secuestrados. Uno estaba en la celda de Báez y contenía anotaciones sobre dinero recaudado y fondos que podían obtenerse de distintas propiedades. También se halló un papel titulado “El Clan”, cuyos nombres coincidirían con los de varios imputados.
La investigación por lavado y narcotráfico en Santa Cruz
El segundo cuaderno pertenecía a Claudia Insaurralde, pareja de Báez, y registraba fechas de cobros, quién entregaba el dinero y a quiénes había que reclamarles pagos. Insaurralde permanece detenida desde comienzos de semana junto con Sebastián Ibañez, señalado como presunto testaferro del empresario, y otras personas imputadas.
La pesquisa está a cargo del fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y de los fiscales generales Diego Luciani y Abel Córdoba. El expediente describe una estructura societaria vinculada al holding de Báez y una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos agravado, la insolvencia fraudulenta y la defraudación.
Según la acusación, la organización habría funcionado de manera estable y Báez habría coordinado operaciones desde la cárcel, donde cumple una pena unificada de 15 años por las condenas en las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. En una comunicación telefónica sobre la actualización de un alquiler, el empresario afirmó: “El dueño de la historia acá, soy yo (…) y si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá”. El inmueble, de acuerdo con la investigación, no le pertenecía porque sus bienes habían sido decomisados.
Bienes embargados y empresas bajo la lupa
La fiscalía sostiene que los acusados no habrían creado nuevas compañías para incorporar fondos al circuito legal, sino que habrían operado sobre un patrimonio preexistente, alcanzado por embargos, depósitos judiciales y órdenes firmes de decomiso. El objetivo habría sido sustraer esos activos de la ejecución judicial, mantenerlos en actividad comercial y derivar sus ganancias, pese a la inhabilitación de Báez para administrar y disponer de sus bienes.
Entre los activos identificados se encuentran las estancias agropecuarias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, señaladas para decomiso en el marco de la causa Vialidad. La investigación también incluye inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, algunos destinados a alquileres de uso médico y comercial.
En el entramado aparecen Austral Agro, titular de estancias adquiridas por Báez entre 2010 y 2012 e investigadas en la Ruta del Dinero K, y Kank y Costilla, empresa que recibió obra pública vial de forma irregular, según la causa. Esta última también habría alquilado propiedades a Los Sauces y Hotesur, firmas de la familia Kirchner. El expediente menciona además vehículos con pedidos de secuestro y presuntas “operaciones clandestinas de venta de galpones”.
La conexión bajo análisis con 60 kilos de cocaína
Durante la audiencia de acusación, Zárate sostuvo que el origen de los activos investigados “confluye en dos vertientes: por un lado, las condenas firmes impuestas a Báez por defraudación a la administración pública y lavado de dinero en expedientes como Vialidad y Ruta del dinero K; por el otro, vinculaciones directas con economías criminales ligadas al narcotráfico advertidas en causas satélites patagónicas”.
La causa también aborda una pista relacionada con 60 kilos de cocaína secuestrados durante un operativo en Comodoro Rivadavia, Chubut. La investigación derivó en allanamientos simultáneos en Río Gallegos y pone bajo análisis las órdenes que Báez habría dado desde prisión, el uso de bienes cautelados y el movimiento de dinero atribuido a la presunta organización.
Báez fue condenado por el lavado de 55 millones de dólares a través de Austral Construcciones, firma que también recibió obra pública vial de manera irregular, según las causas previas. El decomiso vinculado a la Ruta del Dinero K asciende a 55 millones de dólares, mientras que el correspondiente al caso Vialidad fue consignado en el expediente en 685.000 millones de pesos.