La presión para reabrir la causa $LIBRA abrió un nuevo frente de tensión dentro del Ministerio Público Fiscal. En tribunales sospechan que el procurador interino, Eduardo Casal, permite avanzar al fiscal Sergio Rodríguez para incomodar al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien aspira a sucederlo en el cargo.

Casal, cercano al expresidente Mauricio Macri, ocupa la Procuración de manera interina desde hace nueve años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, y busca continuar sin un acuerdo del Congreso. Mahiques, en cambio, pretende ser designado con aval del Senado. Rodríguez es titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y procura que se reabra el expediente.

La PIA busca revertir el cierre de la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei. La decisión se basó en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien concluyó que los hechos investigados no constituían delito. Durante la investigación, Taiano no convocó a declarar a protagonistas del escándalo.

Cuatro días después del fallo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) pidieron formalmente la intervención de la PIA para evitar el cierre definitivo del expediente. Las organizaciones, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, solicitaron que la procuraduría asumiera la acción penal y apelara la resolución.

El 29 de octubre, Rodríguez se presentó en la causa, planteó asumir el ejercicio de la acción penal y pidió dejar sin efecto el sobreseimiento. También interpuso una apelación en subsidio para que, si el juzgado rechazaba su solicitud, el planteo pudiera llegar a la Cámara Federal porteña.

Dos estrategias judiciales para reabrir la investigación

En paralelo, INECIP y CIPCE acudieron al fiscal general ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, para pedirle que promoviera la nulidad de los sobreseimientos. Las organizaciones sostienen que Taiano y Martínez de Giorgi vulneraron las garantías procesales de las víctimas al cerrar la investigación sin permitirles solicitar previamente una revisión del criterio fiscal.

Para respaldar el pedido, invocaron la Ley de Víctimas, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y la resolución 41/23 de la Procuración General de la Nación, que establece un mecanismo de revisión. Así quedaron planteadas dos vías: la PIA busca que se revoque el cierre y avance la investigación, mientras que las organizaciones procuran que Agüero Iturbe impulse la nulidad de la decisión judicial.

La actuación de Rodríguez cuestionó tanto el trabajo de Taiano como los fundamentos utilizados por Martínez de Giorgi. La PIA busca llevar su planteo a la Cámara Federal de Casación Penal, mientras que otro trámite ante ese tribunal revisa por separado la exclusión de dos damnificados que pretenden recuperar su condición de querellantes.

Taiano cuestionó la intervención de la Procuraduría

La intervención de Rodríguez recibió una respuesta de Taiano. En un dictamen conocido el 11 de noviembre, el fiscal calificó de sorpresiva la participación de la PIA y cuestionó que su titular evaluara la investigación sin haber analizado, según sostuvo, la totalidad del expediente. También señaló que la procuraduría había tenido acceso al sistema de gestión de la causa entre marzo y septiembre de 2025, sin solicitar después una prórroga.

Taiano afirmó que los argumentos de Rodríguez expresaban una discrepancia sobre la valoración de la prueba y que no aportaban motivos suficientes para continuar investigando. Ratificó que no se habían reunido elementos para atribuir delitos a los funcionarios investigados ni se había acreditado un perjuicio a las arcas del Estado. Sin embargo, aclaró que no formularía objeciones al planteo, por lo que la decisión quedó en manos de Martínez de Giorgi.

El caso expone una disputa entre integrantes del Ministerio Público Fiscal: Taiano defiende el sobreseimiento, mientras Rodríguez busca revertirlo y continuar la pesquisa. La controversia también se cruza con la puja por la Procuración entre Casal y Mahiques, en medio de versiones sobre la intención del procurador interino de dejar avanzar las presiones contra el cierre de la causa.

Qué resoluciones quedan pendientes en la causa Libra

La definición inmediata corresponde a Martínez de Giorgi, quien deberá resolver el pedido de la PIA. La Cámara Federal de Casación Penal podría intervenir si el planteo llega a esa instancia. A su vez, Agüero Iturbe tiene pendiente el pedido de INECIP y CIPCE para que promueva la nulidad de los sobreseimientos.