La presión para reabrir la causa $LIBRA se desarrolla en medio de una disputa dentro del Ministerio Público Fiscal y de la puja por la conducción de la Procuración General. En ámbitos judiciales sospechan que el procurador interino, Eduardo Casal, permite que avance la iniciativa del fiscal Sergio Rodríguez para incomodar al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien aspira a ocupar ese cargo.

Casal, cercano al expresidente Mauricio Macri, busca continuar como procurador, función que ejerce de manera interina y sin acuerdo del Congreso desde hace nueve años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Mahiques, en tanto, aspira a ser designado con aval del Senado. Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), impulsa la reapertura de la causa en la Cámara de Casación, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyera al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.

La PIA busca revertir el cierre de la causa $LIBRA

La decisión de Martínez de Giorgi se basó en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien concluyó que los hechos investigados no constituían delito. La actuación del fiscal fue cuestionada porque, según el planteo de sus críticos, no convocó a declarar a protagonistas del caso.

Cuatro días después del fallo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) pidieron formalmente la intervención de la PIA para evitar el cierre definitivo del expediente. Las entidades, representadas por Julián Alfie y Pedro Biscay, solicitaron que el organismo asumiera la acción penal y apelara la resolución.

El 29 de octubre, Rodríguez se presentó en la causa, pidió ejercer la acción penal y solicitó que se dejara sin efecto el sobreseimiento. También interpuso una apelación en subsidio para que, si el juzgado rechazaba su pedido, el planteo pudiera llegar a la Cámara Federal porteña.

Dos vías judiciales para cuestionar los sobreseimientos

En paralelo, INECIP y CIPCE acudieron al fiscal general ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, para pedirle que promoviera la nulidad de los sobreseimientos. Las organizaciones sostienen que Taiano y Martínez de Giorgi afectaron las garantías procesales de las víctimas al cerrar la investigación sin permitirles solicitar previamente una revisión del criterio fiscal.

Como sustento, invocaron la Ley de Víctimas, el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y la resolución 41/23 de la Procuración General de la Nación, que establece un mecanismo de revisión. Así quedaron planteadas dos vías: la PIA procura asumir la investigación y obtener su reapertura, mientras que las organizaciones buscan que Agüero Iturbe impulse la nulidad de la decisión judicial.

La actuación de Rodríguez abrió además un fuerte cuestionamiento a la labor de Taiano y a los fundamentos utilizados por Martínez de Giorgi. El fiscal respondió en un dictamen conocido el 11 de noviembre, en el que calificó de sorpresiva la intervención de la PIA y objetó que su titular evaluara la investigación sin haber revisado, según sostuvo, la totalidad del expediente.

El cruce entre Taiano y Rodríguez queda en manos del juzgado

Taiano señaló que la PIA había tenido acceso al sistema de gestión de la causa entre marzo y septiembre de 2025 y que después no solicitó una prórroga. También afirmó que los argumentos de Rodríguez expresaban una discrepancia sobre la valoración de la prueba y no ofrecían elementos suficientes para continuar con la investigación.

El fiscal ratificó que, a su entender, no se reunieron pruebas para atribuir delitos a los funcionarios investigados ni se acreditó un perjuicio para las arcas del Estado. Sin embargo, aclaró que no formularía objeciones al planteo de la PIA, por lo que la decisión quedó a cargo de Martínez de Giorgi.

El expediente presenta un inusual enfrentamiento entre integrantes del Ministerio Público Fiscal: Taiano defiende el sobreseimiento y Rodríguez pretende revertirlo y continuar la pesquisa. A esa controversia se suman el pedido de INECIP y CIPCE ante Agüero Iturbe y una revisión separada en la Cámara Federal de Casación Penal sobre la exclusión de dos damnificados que buscan recuperar su condición de querellantes.

La resolución de Martínez de Giorgi sobre el pedido de la PIA será uno de los próximos pasos del caso. La Cámara de Casación podría intervenir si la disputa llega a esa instancia, mientras que Agüero Iturbe deberá analizar la solicitud de las organizaciones para promover la nulidad de los sobreseimientos.