Marcela Pagano pidió ampliar la denuncia contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni e investigar los movimientos bancarios de su esposa, Bettina Angeletti. La legisladora cuestionó el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que no encontró enriquecimiento ilícito en las cuentas del ex funcionario.
En una presentación judicial, Pagano solicitó que Angeletti sea investigada como posible persona interpuesta para disimular un eventual incremento patrimonial. Según documentación basada en información del Banco Central, los saldos registrados a nombre de ella en el Banco Galicia oscilaron entre los 13 y los 18 millones de pesos de junio a septiembre de 2026.
Los movimientos bancarios de Bettina Angeletti
La legisladora detalló que los montos informados fueron de $13.863.000 en junio, $13.466.000 en julio, $13.325.000 en agosto y $18.000.000 en septiembre. En total, sumaron $58.654.000, con un promedio mensual de $14.663.500. El último período disponible, septiembre, registró el valor más alto de la serie.
Pagano comparó esos datos con los ingresos lícitos que, según indicó, el propio dictamen atribuyó al matrimonio para el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026: $229.752.283,20. Dividida por 30 meses, esa suma representa un promedio inferior a los ocho millones de pesos mensuales para ambos cónyuges, señaló. A su juicio, los saldos de una sola cuenta bancaria superaron ampliamente ese promedio desde junio y lo duplicaron en septiembre.
El pedido para que continúe la investigación por enriquecimiento ilícito
La diputada también observó que los saldos pasaron de $3.925.000 en abril y $5.306.000 en mayo a $13.863.000 en junio. Ese mes, Adorni presentó declaraciones juradas rectificativas el día 10 y renunció el 27. En septiembre, cuando su defensa presentó la justificación patrimonial, el saldo informado llegó a $18.000.000.
Pagano aclaró que no afirma una relación causal entre esos movimientos y la salida de Adorni del cargo, pero sostuvo que son hechos que deben explicarse. Planteó que el dictamen no los analiza porque el cotejo patrimonial se detiene en el período investigado y no incluye los meses posteriores al cese, pese a que el artículo 268 del Código Penal contempla el enriquecimiento producido durante el desempeño de un cargo público y hasta dos años después de haberlo dejado.
“Solicito que la denuncia se tenga por ampliada respecto de Bettina Julieta Angeletti, en su carácter de posible persona interpuesta para disimular el enriquecimiento y que se dispongan las medidas de prueba”, planteó Pagano.
Además, solicitó al juez Ariel Lijo que rechace el dictamen de Pollicita, mantenga abierta la investigación, revoque la delegación de la causa en el fiscal y reasuma la dirección de la instrucción. También pidió la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que continúe con el expediente.
Las objeciones de Pagano al dictamen de Pollicita
“Ese dictamen, lejos de agotar la investigación, la abandona en el punto exacto en que debía profundizarse”, expresó la legisladora. Según la presentación, un juez consideró que el caso “merece inmediata atención de la PIA”. El planteo también cuestiona el criterio aplicado sobre el delito de enriquecimiento ilícito y la omisión maliciosa.
La diputada señaló que el dictamen consignó que el lote 380 del Country Indio Cuá fue inscripto únicamente a nombre de Angeletti y luego expuesto en partes iguales. También mencionó que los honorarios notariales se facturaron íntegramente a ella, que los pagos en efectivo al contratista fueron realizados por “el matrimonio” y que terceros hicieron gastos por cuenta de ambos.
Pagano objetó, además, que el fiscal hubiera invertido el sentido de la carga de la justificación razonable. Sostuvo que, en una investigación por enriquecimiento ilícito, el Estado debe probar el incremento patrimonial apreciable y su desproporción respecto de los ingresos legítimos, extremos que, según afirmó, ya estarían acreditados en el dictamen.
“Todo funcionario con dólares de origen desconocido podría invocar ventas de criptoactivos concertadas en efectivo, entre particulares, con contrapartes no identificadas, a precios indeterminados, una década atrás. Nadie podría refutarlo. Y ese es, exactamente, el relato que el dictamen ha dado por suficiente”, planteó Pagano.