La paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte volvió a trabarse y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza en los colectivos. La reunión realizada el lunes 16 de noviembre terminó sin un acuerdo para resolver el reclamo salarial de los choferes.

El encuentro pasó a un nuevo cuarto intermedio. Según se informó tras la audiencia, las empresas no presentaron una propuesta que permitiera superar las diferencias. La próxima instancia quedó prevista para el miércoles 18 de noviembre, mientras el gremio sostiene el estado de alerta y advierte que podría profundizar el conflicto si no obtiene respuestas.

La oferta salarial que rechazó la UTA

Uno de los principales desacuerdos es la propuesta presentada por las cámaras empresariales en la audiencia anterior: una suma extraordinaria no remunerativa de 60.000 pesos en noviembre y tres aumentos remunerativos acumulativos, de 1,7 por ciento en noviembre, 1,6 por ciento en diciembre y 1,5 por ciento en enero de 2027. Los incrementos se calcularían sobre los salarios básicos y los viáticos vigentes en septiembre.

La UTA rechazó ese esquema por considerar que no compensa la evolución de los precios ni recupera el poder adquisitivo perdido. También cuestionó que las empresas condicionen las actualizaciones salariales a los recursos que, según sostienen, reciben del Estado para afrontar sus obligaciones.

La diferencia por los fondos previstos para salarios

La disputa incluye una diferencia entre la oferta empresaria y los montos contemplados en la estructura oficial de costos. Durante la negociación, la representación gremial señaló que el último cálculo correspondiente a las líneas de jurisdicción nacional incorporó una partida llamada Previsión Paritarias Oct 26-Ene 27, equivalente a 106.000 pesos por trabajador desde octubre.

El sindicato marcó una brecha de 46.000 pesos entre esa previsión y la suma extraordinaria ofrecida por las cámaras, sin contar los aumentos porcentuales posteriores. Para la UTA, la diferencia evidencia que los recursos reconocidos en los cálculos del sistema no se trasladan en igual medida a los salarios.

La negociación también debe definir cómo dar continuidad a los aumentos acordados durante el tercer trimestre. En el AMBA, el salario básico conformado de los conductores quedó fijado en 1.707.175,88 pesos desde septiembre, mientras que los viáticos alcanzaron los 22.000 pesos por jornada trabajada. Sin un nuevo acuerdo, esos valores continúan como referencia para las liquidaciones de noviembre.

La UTA pidió la intervención del Gobierno nacional

El conflicto se desarrolla en un sistema en el que el Gobierno nacional tiene incidencia sobre las condiciones económicas del transporte, en particular para las líneas de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires. El 2 de noviembre, la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, cuestionó a las cámaras empresariales y reclamó la intervención de las autoridades laborales.

En ese planteo, el sindicato sostuvo que las ofertas salariales estaban por debajo de la inflación acumulada y proyectada, y pidió la participación del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Trabajo. “Cuando no hay negociación y diálogo, la imposición de un sector sobre el otro se convierte en un mecanismo extorsivo”, afirmó la organización.

Las empresas argumentan que sus ingresos no alcanzan para cubrir los costos operativos y laborales, mientras que los trabajadores consideran insuficientes las propuestas para preservar el poder adquisitivo. La discusión también involucra el esquema de financiamiento del servicio: el Gobierno nacional interviene en la determinación de las compensaciones tarifarias y en la distribución de los recursos destinados a sostener el transporte.