El bloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ordenanza para limitar los ingresos a la planta permanente de la Municipalidad de Realicó durante los últimos 18 meses de cada mandato. La propuesta busca evitar designaciones definitivas al cierre de las gestiones y reforzar los controles sobre los recursos humanos y los fondos públicos.
La iniciativa ingresó en la última sesión del Concejo Deliberante y lleva las firmas de Celina Rivas, Marcelo Grosso y Aixa Alvarado. Plantea que la restricción sea permanente y se aplique a todas las administraciones, sin importar su pertenencia política ni una eventual reelección del intendente.
Qué incorporaciones quedarían alcanzadas
El período de limitación se contaría desde los 18 meses previos a la finalización legal del mandato, independientemente del calendario electoral. La medida no abarcaría solo los nuevos nombramientos: también incluiría pases, conversiones, regularizaciones y otros mecanismos que impliquen el ingreso definitivo a la planta municipal.
El alcance previsto comprende, además, a trabajadores contratados, beneficiarios de programas de empleo, becas, planes laborales y convenios de prestación de servicios. El proyecto también busca impedir que la prohibición se eluda mediante cambios en las estructuras administrativas, creación de cargos, convenios o modificaciones presupuestarias.
Excepciones y requisitos para cubrir vacantes
La propuesta contempla excepciones para cumplir sentencias judiciales y obligaciones legales, respetar derechos laborales preexistentes y confirmar nombramientos provisorios previstos en el Estatuto Municipal.
También habilitaría la cobertura de vacantes cuando sea indispensable para garantizar la continuidad de un servicio. En esos casos, el Ejecutivo deberá acreditar que existe el cargo vacante y presupuesto disponible, justificar la necesidad y demostrar que no es posible resolverla mediante una reorganización del personal existente.
Para concretar esas incorporaciones, será obligatorio realizar un concurso o prueba de idoneidad, con convocatoria pública y criterios de evaluación definidos de antemano.
