La Provincia de La Pampa pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspenda de manera cautelar los efectos de la nueva Ley de Glaciares y mantenga vigente el régimen de protección de la Ley 26.639, mientras se resuelve la causa judicial que cuestiona la reforma.
La presentación fue impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado, Romina Schmidt, junto con representantes legales de la Provincia, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, y autoridades de la Fundación Chadileuvú y de la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos.
El reclamo por las cuencas de La Pampa
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que el escrito solicita una medida cautelar interina hasta que el máximo tribunal se pronuncie sobre el fondo de la controversia. Como alternativa, propone suspender la aplicación de la nueva norma para actividades que puedan afectar glaciares, el ambiente periglacial y sistemas hídricos interjurisdiccionales con incidencia directa en la provincia.
El planteo incluye las cuencas de los ríos Colorado y Atuel, además de la subcuenca Salado-Chadileuvú-Curacó. Sus impulsores sostienen que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen funciones esenciales para regular los recursos hídricos y que su afectación puede producir consecuencias más allá de la jurisdicción donde se encuentran.
Los riesgos para los recursos hídricos pampeanos
La presentación reúne antecedentes técnicos y científicos sobre el almacenamiento, la infiltración y la regulación del agua que cumple la criosfera en la cuenca alta del río Colorado. También advierte sobre su vulnerabilidad ante los cambios en las precipitaciones níveas y los procesos de deshielo.
Según los demandantes, esos cambios podrían repercutir en el abastecimiento de agua, la organización territorial y las actividades económicas y sociales de La Pampa. Además, alertan que una reducción de las restricciones legales podría habilitar decisiones administrativas capaces de comprometer recursos hídricos compartidos.
Los cuestionamientos a la reforma de la Ley de Glaciares
El reclamo objeta que la nueva legislación modifica el alcance de la protección especial de los glaciares y del ambiente periglacial al trasladar determinadas decisiones a evaluaciones técnico-científicas y a las autoridades de cada jurisdicción.
De acuerdo con el planteo, el régimen anterior establecía prohibiciones legales específicas para ciertas actividades potencialmente perjudiciales, mientras que la reforma incorpora criterios vinculados con la existencia de alteraciones relevantes y su evaluación ambiental. Los demandantes sostienen que una evaluación de impacto ambiental no equivale a una prohibición legal y que el cambio podría reducir el nivel de protección garantizado hasta ahora.
La presentación también invoca los principios de prevención, precaución ambiental y no regresión. Sus firmantes argumentan que cualquier disminución de los niveles de protección vigentes requiere un examen constitucional riguroso y que el dominio provincial de los recursos naturales no puede analizarse de forma aislada si las decisiones en un territorio pueden afectar a otras jurisdicciones.