Una mujer de 63 años fue condenada en Tasmania por inventar el nacimiento de una hija y cobrar durante ocho años subsidios a los que no tenía derecho. Athena Murray recibió 51.760,46 dólares australianos del sistema de asistencia social de ese país.

Murray, madre de ocho hijos, se declaró culpable de dos cargos: obtener ventajas económicas mediante engaño y brindar información falsa a Medicare, el sistema público de salud australiano. Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2017.

La hija ficticia y el cobro de beneficios sociales

En marzo de 2009, Murray registró en Tasmania el nacimiento de una niña llamada Hayley Maree Murray. Según el acta, había nacido en su casa de Sheffield el 26 de marzo, con 40 semanas de gestación y un peso de 3.595 gramos.

La niña ficticia tenía el mismo nombre, segundo nombre y fecha de nacimiento que la hija real de Colin Morris, entonces pareja de Murray. La jueza Kate Cuthbertson concluyó que esa coincidencia fue deliberada y servía para que la mujer pudiera recordar los datos en caso de que alguien se los preguntara.

En 2012, Murray inscribió a Hayley en Medicare. Al año siguiente presentó un formulario de objeción de conciencia a la vacunación y, en distintos trámites, declaró a la niña como hija a cargo. Esas acciones le permitieron sostener solicitudes del Family Tax Benefit y el Baby Bonus.

La investigación descubrió que no había registros de Hayley

Durante esos ocho años, la agencia Centrelink le envió recordatorios periódicos sobre sus obligaciones como beneficiaria, a los que Murray respondió. En octubre de 2017, el Departamento de Servicios Humanos abrió una revisión de sus prestaciones después de recibir el aviso de un ciudadano.

Los investigadores buscaron información en registros de Medicare y Medibank Private, en la empresa de ferries TT Line y en los archivos de pasaportes del Departamento de Relaciones Exteriores. No encontraron rastros de Hayley: no había registros de consultas médicas, viajes ni pasaporte.

El 24 de octubre de 2017, la Policía Federal Australiana allanó la vivienda de Murray en Airlie Beach, Queensland. Una semana después, ella llamó a Centrelink para pedir que quitaran a una niña de su tarjeta. Cuando le preguntaron desde cuándo ya no estaba a su cargo, contestó: "Hace bastante tiempo".

Las versiones contradictorias sobre el supuesto nacimiento

En esa misma llamada, Murray cambió su relato: afirmó que Hayley había nacido muerta, que había enterrado el feto en el jardín de su casa en Sheffield y que no había registrado la muerte porque el embarazo había terminado antes de las 24 semanas.

"En mi mente estaba tratando de mantenerla viva", le dijo a la operadora de Centrelink.

Días más tarde, presentó ante el Registro Civil de Tasmania un formulario de reconocimiento de pérdida temprana del embarazo. Allí indicó que Hayley había nacido a las 23 semanas y pesaba 380 gramos, en contradicción con el acta de nacimiento que ella misma había registrado en 2009, donde constaba un parto a término y un peso de 3,5 kilos.

El testimonio de su hija y la sentencia

Durante el juicio declaró Cassandra Elliott, la hija mayor de Murray. En 2009 había firmado una declaración jurada en la que decía haber presenciado el parto de Hayley. Sin embargo, ante la corte sostuvo que nunca había asistido a ningún nacimiento ese año y que supo de la existencia de la niña cuando los agentes federales allanaron su casa en 2017.

Cassandra también afirmó que, en una llamada posterior, su madre reconoció haber "inventado un hijo falso". Relató además que en 2019 Murray le anticipó que pensaba culpar a otros familiares y alegar que había tenido un bebé nacido muerto. Después de esa conversación, decidió cortar el contacto con ella.

Murray sostuvo durante el proceso que Morris la había presionado para realizar los trámites y que temía represalias si se negaba. Morris murió en 2019 sin haber sido imputado. La jueza Cuthbertson rechazó esa explicación y, en los fundamentos de la sentencia del 6 de noviembre de 2026, determinó que la evidencia indicaba que Murray había actuado por iniciativa propia.

"Presentó una deshonestidad fundamental. En definitiva, concluí que no podía aceptar ningún aspecto de su testimonio a menos que estuviera corroborado por evidencia objetiva y creíble", escribió la jueza.

Cuthbertson consideró agravante que Murray involucrara a su hija mayor al hacerla firmar una declaración jurada falsa. También señaló: "La evidencia tiende a sugerir que este delito estuvo motivado por la codicia y no por la necesidad".

La pena y el dinero que deberá restituir

La magistrada impuso a Murray una pena total de dos años y cuatro meses de cárcel, con posibilidad de salir en libertad a los 12 meses bajo un reconocimiento personal de 5.000 dólares y la obligación de mantener buena conducta durante tres años.

Además, deberá devolver al Estado 33.342,30 dólares, el monto de los beneficios cobrados dentro del período que la ley permite reclamar. La jueza describió el comportamiento como "prolongado, descarado y sofisticado", mencionó antecedentes por robos en 1997, 2000, 2003 y 2010, y concluyó que Murray no mostró "ningún remordimiento genuino".