La intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank abrió una crisis financiera y política en el país. La medida afecta la operatoria de casi 2,94 millones de clientes y generó preocupación por la solvencia del sistema, mientras se multiplican las protestas en Asunción.

El directorio del BCP aprobó por unanimidad el procedimiento de resolución luego de comprobar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo legal exigido. La Superintendencia de Bancos designó interventores para resguardar los activos y se confirmó la detención de ocho directivos, entre ellos Miguel Almada.

La crisis de Ueno Bank y la presión política sobre Peña

El caso también impacta en el gobierno de Santiago Peña, quien fue accionista del holding propietario de Ueno hasta marzo de 2025. Después de asumir la Presidencia, en 2023, nombró al frente del BCP a Carlos Carvallo, quien había sido titular del banco intervenido.

En medio de la crisis, Carvallo puso su renuncia a disposición de forma inmediata. La vicepresidenta de la entidad, Liana Caballero, quedó a cargo de manera interina.

Fondos retenidos y garantía para los ahorristas

El impacto institucional incluye unos 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra los fondos de 32.000 jubilados. También quedaron retenidos depósitos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional Itaipú.

Para contener la preocupación de los clientes, el BCP recordó que los depósitos tienen una garantía estatal de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 36.700 dólares por titular. El pago comenzaría en un plazo de entre 15 y 30 días corridos, entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre.

Sin embargo, persisten las dudas sobre cómo podrán cobrar quienes operaban exclusivamente con Ueno y los jubilados que deben recibir sus haberes a mediados de mes.

Protestas en Asunción y pedido de juicio político

En paralelo, cientos de ahorristas autoconvocados se concentraron cerca del Congreso y en la Plaza de Armas de Asunción. Los manifestantes realizaron una vigilia para exigir la restitución inmediata de los fondos congelados.

Además, reclamaron que se ponga en marcha un juicio político contra Santiago Peña, al que acusan de presunto mal desempeño y de un posible conflicto de intereses por su vínculo previo con el grupo propietario de la entidad.