El oficialismo parlamentario acelera las negociaciones para cerrar el texto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y conseguir su aprobación en la Cámara de Diputados. El debate se da mientras el Poder Ejecutivo reclama ante el Tribunal del Mar que se frene la explotación petrolera en las Islas Malvinas.

El proyecto requiere mayoría simple para ser aprobado en general. Sin embargo, el título séptimo, denominado "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones", necesita el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara: 129 votos afirmativos.

Las negociaciones por los votos para la Ley Malvinas

En La Libertad Avanza aseguran que trabajan para sumar apoyos. El PRO anticipó que acompaña el proyecto en su totalidad, mientras que en la UCR señalaron que restan "detalles". Algunas bancadas federales todavía no definieron su posición y otras plantearon cambios.

"Esta semana es decisiva", afirmó una legisladora libertaria que participa de las conversaciones. Este jueves habrá una reunión de jefes de bloque para medir el respaldo disponible y evaluar si la Cámara puede sesionar el 18 de noviembre con el Presupuesto 2027, la prioridad del oficialismo, o con un plan alternativo: la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

En paralelo, las negociaciones están atravesadas por diferencias dentro del oficialismo y por sospechas de que las autoridades de la Cámara Baja, encabezadas por Martín Menem, demoran el proyecto porque fue elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo. "Ayudando no están", afirmó un legislador.

El capítulo electoral y las críticas a las penas

El principal foco de discusión sigue siendo el título que introduce cambios electorales y requiere mayoría absoluta. Allí se incluyó un artículo que generaba preocupación por el posible impacto sobre la libertad de expresión. La versión inicial preveía penas de cinco a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intentaran interferir en elecciones mediante campañas coordinadas de desinformación o promovieran o financiaran actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.

El texto fue modificado e incorporó una aclaración: "No constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable". Aun con ese cambio, organizaciones y ONG vinculadas a otros países mantienen objeciones.

El mismo título prohíbe que personas extranjeras sin residencia permanente en el país y personas jurídicas extranjeras realicen "actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral". También incorpora modificaciones al Código Penal, entre ellas el agravamiento de las penas por traición a la patria cuando estén involucrados funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia.

Las posiciones de las bancadas federales

La bancada de Argentina Federal, integrada por legisladores de Misiones y Salta, firmó el dictamen en disidencia e insiste en eliminar el capítulo electoral completo. Sus integrantes esperan conocer las propuestas que se presenten en la reunión de este jueves.

En Provincias Unidas hay posiciones divididas: los legisladores que responden a gobernadores se inclinan por acompañar el proyecto, mientras que otros no. También puede ser determinante la postura de los tres diputados catamarqueños, que todavía no definieron su voto.

Infraestructura crítica y control del Congreso

La protección de las infraestructuras críticas es otro punto sensible para algunas provincias y sectores empresariales. Para responder a las inquietudes de compañías de informática y telecomunicaciones sobre un eventual control o censura de datos, el dictamen aclaró: "Ninguna disposición podrá interpretarse como habilitante de la regulación, el monitoreo, el acceso, la restricción o el bloqueo de los contenidos que se transmitan a través de dichas redes y sistemas".

A pedido de sus aliados del MID, el Gobierno también precisó el rol del Congreso. Además de crear una comisión bicameral para controlar y seguir al Consejo de Seguridad Nacional, el proyecto establece que el Poder Legislativo deberá autorizar al Ejecutivo cuando se trate de acciones sobre aeronaves o buques militares extranjeros que impliquen un riesgo inminente de guerra o de represalias militares.

La Constitución establece que corresponde al Congreso "autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz" y facultarlo "para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas".